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GUATEMALA CORRUPCIÓN

Procesan a jefes del ente recaudador de Guatemala por otro caso de corrupción

El juez de Mayor Riesgo B de Guatemala, Miguel Ángel Gálvez, decretó hoy procesar a 15 miembros de una trama de corrupción, entre ellos los dos últimos responsables de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por un fraude de 34,8 millones de dólares.

El exjefe del ente recaudador de impuestos Omar Franco, detenido en 2015 por estar implicado en el caso "La Línea", que mantiene en prisión al exmandatario Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quedó ligado a proceso por un delito de cohecho pasivo.

Su sucesor al frente de la SAT, el exresponsable interino Elder Hermelindo Fuentes, lo fue por asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.

Otro de los hombres clave de la trama, Giovanni Marroquín Navas, implicado también en "La Línea" y quien ejercía de intermediario entre la empresa que perpetró la estafa y la administración, será procesado por tráfico de influencias y cohecho activo.

La trama, cuyas actividades se constataron gracias a las escuchas a Marroquín por su participación en "La Línea", urdió un sistema para que la empresa Aceros de Guatemala evitara el pago de 255 millones de quetzales (33,3 millones de dólares) en obligaciones fiscales, al tiempo que se repartió el cobro de un crédito fiscal de 11,8 millones de quetzales (1,5 millones de dólares).

El caso se destapó en 2012 cuando fueron interpuestas tres querellas contra Aceros de Guatemala por fraude en la compraventa de chatarra, que Marroquín trató de que se sobreseyera utilizando sus influencias en la SAT para lograr informes favorables que avalaran la actuación de la compañía.

Otras 12 personas quedaron ligadas a proceso, entre ellas altos cargos de la SAT como Alfonso Castillo, intendente jurídico, en cuyo domicilio se encontraron 2,9 millones de quetzales (385.000 dólares), y Ariel de Jesús Guerra, responsable del área de fiscalización.

Ariel de Jesús Guerra por asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización a la acción penal; y Castillo por estos mismos delitos más el de lavado de dinero.

El juez decretó la falta de mérito para el abogado Frank Trujillo, acusado por la Fiscalía de orquestar el fraude junto a sus compañeros en la empresa Tres Puertos Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacaj, ambos procesados.

No obstante, Trujillero deberá firmar en el libro de asistencia de la Fiscalía tras la medida de arraigo impuesta por el juez mientras continúan las investigaciones.

El juez emplazó además a la Contraloría General de Cuentas a la realización de una auditoría a la empresa Aceros de Guatemala sobre el crédito fiscal.

Las diligencias, en las que el Ministerio Público (MP-Fiscalía) ya ha avanzado que solicitará medidas coercitivas para garantizar la presencia de los ligados a proceso penal, continuarán mañana.

Está pendiente la declaración de otra de las implicadas, María Eugenia Valdez, quien se encuentra hospitalizada.

El caso tiene varios miembros en común con la trama de corrupción de "La Línea", desarticulada en abril de 2015 y liderada, según la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por Pérez Molina y Baldetti.

Baldetti renunció en mayo de 2015, fue detenida en agosto del mismo año y, luego de pasar varios días en centros hospitalarios, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de mujeres Santa Teresa, en la periferia norte de la capital.

Mientras que Pérez Molina renunció a la Presidencia en septiembre pasado y quedó en prisión preventiva en una cárcel militar.

Los dos ex altos cargos están acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Hasta ahora el juez del caso no ha fijado una fecha para la denominada "etapa intermedia" del proceso, en la que deberá decidir si Pérez Molina y Baldetti van a juicio oral y público.

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