Víctimas de reclutamiento forzado deberán ser reparadas sin importar los grupos armados a los que pertenecieron

La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que los menores de edad que hayan sido reclutados ilícitamente por cualquier grupo armado ilegal en el marco del conflicto armado que vive Colombia debe ser beneficiario de los programas del Gobierno para su reparación integral.

El pronunciamiento lo hizo la Corporación Judicial al fallar una demanda radicada contra la ley de víctimas en la cual se solicitaba que no solo se reparara a menores reclutados por los grupos guerrilleros o paramilitares sino también por aquellos grupos post desmovilización como las Bacrim.

A juicio de la Corte se trataba de un trato “discriminatorio y diferenciado entres la victimas” por lo que se explicó que “que la condición de víctima de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, no puede determinarse con base en la calidad o condición específica del sujeto que incurrió en el hecho victimizante, sino a partir de la relación existente entre la situación generadora de la violación de los derechos y el marco del conflicto armado, contexto en el cual se ha considerado que las conductas atribuidas a los grupos post desmovilización, entre ellas, el reclutamiento ilícito, han tenido ocurrencia en el ámbito del conflicto armado, dada su relación con la complejidad real e histórica”.

La Corte precisó que los programas de reintegración social y económica, en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito, forman parte de su derecho a la reparación, “el cual debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones para todas, a través de las medidas que se adopten para el efecto, sin que las condiciones o calidades particulares del agente que incurrió en el reclutamiento puede ser relevante para definir la condición de víctima de reclutamiento ilícito”.