La Luciérnaga

Gustavo Gómez

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Caso de reclamación sobre derechos a comerciantes en playas de Barú en manos de conjuez

La Sala Plena estudia el pedido que hizo el Gobierno de anular la sentencia que reconoció garantías a extranjeros para que se declaran nativos de Playa Blanca.

En manos del conjuez Mauricio Plazas quedó la decisión de si se acoge o no la petición del Gobierno Nacional de anular el fallo que profirió la Corte Constitucional en el cual determinó que los pobladores afrodescendientes que habitan la vereda Playa Blanca en la isla de Barú, de Cartagena deberán ser reconocidos como consejo comunitario con el fin de que ellos aprueben la realización de un proyecto turístico a cargo de la Sociedad Playa Blanca Barú SAS. 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado argumentó en su petición que la Corte violó el debido proceso al conceder una tutela que abre la puerta para que comerciantes extranjeros se apropien de las playas de Barú, que Constitucionalmente son terrenos de baja mar propiedad de la Nación. 

Indicó que dicho fallo le otorga reconocimiento étnico y tierras a un grupo de comerciantes supuestamente asentado en el sector de Playa Blanca, por lo que existiría el riesgo de abrir la puerta para la privatización de las playas en Colombia. 

Para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuando la Corte decidió anular varias pruebas violó el derecho al debido proceso, porque las mismas habían sido ordenadas para que el tribunal contaba con elementos de fondo para emitir un fallo. 

En la discusión los magistrados quedaron empatados 4 - 4, por lo que el magistrado Alejandro Linares está impedido.