Corte Constitucional pidió especial protección para territorios del pueblo Wayúu

Una triple disputa por cinco predios Wayuú llegó a la Corte Constitucional donde miembros de esa comunidad solicitaron la devolución de los terrenos que fueron adjudicados irregularmente por parte del Inconder a una persona ajena a esa comunidad que pretendía desarrollar proyectos de producción y explotación de bienes agrícolas, pecuarios y acuícolas.

En la revisión de ese caso la Corte sentó jurisprudencia al advertir que "no es posible desintegrar el territorio de un pueblo indígena" mediante decisiones del Estado que lo fraccionen y lo entreguen a titulo individual.

El caso en particular se dio porque los clanes epinayú, de una parte, y epiayú y pushaina, de otra, todos ellos pertenecientes al pueblo wayúu, mantienen una controversia en torno a un lote de terreno denominado 'El Ahumao', en el corregimiento de Camarones (municipio de Riohacha y Departamento de la Guajira), cuyos predios fueron adjudicados a Agromar SAS, bajo el argumento de que 'El Ahumao' no es territorio indígena, sino tierras de campesinos, lo que ajuicio de la Corte es inaceptable pues la presencia del pueblo wayúu en la Guajira es un hecho notorio, conocido no solo por los órganos gubernamentales, sino también por la sociedad colombiana.

Por esta razón solicitó no sólo la devolución de los terrenos sino que el Ministerio del Interior deberá tomar medidas urgentes a evitar la realización de proyectos portuarios, turísticos e industrial en ese territorio pues primero se debe realizar la consuela previa con las comunidades para que conozcan los alcances de esas ejecuciones.

Argumentó la magistrada María Victoria Calle que "la cultura de los pueblos indígenas son interdependientes y la desintegración del primero implica la de la cultura y por lo tanto del pueblo indígena. En el caso del pueblo wayúu genera consecuencias directas en las actividades de pastoreo y pesca y en el acceso a los pozos y las fuentes de agua".

Calle fue más allá y advirtió al Gobierno que se debe brindar especial protección a esa comunidad pues el pueblo wayúu es un grupo "humano amenazado por actores violentos, (...) además, actualmente, atraviesa por una crisis humanitaria derivada de la ausencia de fuentes de agua adecuada para el consumo humano, la desnutrición de los niños y niñas, un acceso insuficiente a servicios de salud y educación, y la desintegración del tejido social y los territorios, derivada de proyectos de explotación de recursos mineros y energéticos".