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HONDURAS JUSTICIA (Análisis)

Finaliza período del Supremo de Honduras que avaló golpe de Estado de 2009

De no surgir imprevistos, el Parlamento de Honduras elegirá mañana a los nuevos quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia, poder que está cerrando un período oscuro en la vida política del país centroamericano al haber avalado el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.

Tegucigalpa, 24 ene (EFE).- De no surgir imprevistos, el Parlamento de Honduras elegirá mañana a los nuevos quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia, poder que está cerrando un período oscuro en la vida política del país centroamericano al haber avalado el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.

A lo largo de su historia, el poder judicial de Honduras no ha sido ejemplo de transparencia y honestidad, por los múltiples casos de corrupción que han salpicado a jueces y magistrados.

El mandato del Supremo que está por expirar será recordado, entre otras cosas, por su mal inicio en 2009 al avalar el golpe de Estado contra el expresidente Zelaya, cuando este promovía reformas constitucionales que la ley le impedía, lo que tampoco justificaba su derrocamiento.

El Supremo también está cerrando su período, de siete años, con un broche de desprestigio al haber declarado sobreseimiento definitivo en favor de siete exfuncionarios que fueron directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Los exdirectivos, entre ellos el exministro de Salud Arturo Bendaña, estaban acusados por supuesto mal manejo de unos 1.500 millones de lempiras (66,3 millones de dólares) de los regímenes de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte del IHSS.

La decisión de tres magistrados sobre los exdirectivos del IHSS ha causado indignación entre varios sectores del país, porque se trata de otro caso en el IHSS, donde en 2014 fue descubierto un millonario desfalco que ha salpicado a funcionarios de los últimos tres gobiernos, empresarios y modelos de belleza, entre otros.

Algunos de los implicados en el millonario desfalco del IHSS, como su último director, Mario Zelaya, están presos, mientras que otros huyen de la justicia.

Los magistrados que dictaron el sobreseimiento contra los exdirectivos del IHSS son el presidente de la Corte, Jorge Rivera, Edith María López y Víctor Lozano, quienes desde noviembre de 2015 habían resuelto sobre el caso, pero curiosamente el Supremo lo anunció hasta el pasado día 22, a pocas horas de cesar en el cargo.

Según el fallo, que no comparte el Ministerio Público, los acusados, exfuncionarios de Gobierno, no incurrieron en delito.

El Ministerio Público, que ha interpuesto un recurso de reposición, considera que la decisión de los magistrados no está apegada a ley y atenta contra los intereses de los derechohabientes del IHSS y la sociedad hondureña.

Luego de las reacciones de varios sectores cuestionando el fallo del Supremo, el magistrado Víctor Lozano admitió hoy que cometió un error y pidió disculpas a través de Radio América en Tegucigalpa.

Lozano indicó que si el Ministerio Público presentó un recurso de reposición, invitará al presidente de la Corte y a la magistrada López a ver mañana "a la brevedad el recurso", y que si procede se acepte "de inmediato".

Los desaciertos del poder Judicial, en el que también se han emprendido mejoras en los últimos años, incluso con presiones externas, son razones de sobra para que la sociedad hondureña exija que haya absoluta transparencia en la elección de los 15 nuevos magistrados.

Los relevos de los magistrados salientes serán escogidos por el Parlamento entre una nómina de 45 aspirantes presentada por una junta externa que desde septiembre de 2015 ha venido trabajando en el proceso, durante el cual conoció más de 200 perfiles profesionales.

El actual poder Judicial ha abarcado una parte del Gobierno que presidió Manuel Zelaya, que terminó de cumplir Roberto Micheletti; el de Porfirio Lobo (2010-2014) y dos años del que encabeza Juan Orlando Hernández, quien concluirá su mandato en enero de 2018.

Durante lustros el poder Judicial hondureño ha sido altamente politizado y la elección de sus magistrados ha sido marcada por una repartición de puestos entre los centenarios y conservadores partidos Nacional, en el poder, y Liberal, que en las elecciones pasadas se convirtió en la segunda fuerza de oposición.

En esta ocasión, el proceso de selección de los candidatos a magistrados se ha desarrollado entre las esperanzas de unos y la desconfianza de otros que consideran que no ha habido transparencia en la elección de los 45 nombres que tiene el Parlamento.

Incluso han trascendido versiones de que ya hay un acuerdo con las bancadas de los partidos Nacional, Liberal, Anticorrupción y el Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Zelaya, sobre los magistrados que representarían a cada una de las instituciones políticas.

Zelaya ha rechazado que haya negociado y asegura que su bancada no votará para la elección de los 15 nuevos magistrados.

Analistas locales consideran que lo importante no es que los magistrados sean políticos, sino que el sistema cumpla y haga cumplir la ley para limpiar el rostro de un poder Judicial desprestigiado.

Si el nuevo Supremo no actúa con transparencia, en Honduras se podría crear una nueva crisis política de consecuencias impredecibles por el cansancio de muchos sectores de tanta corrupción e impunidad, lo que no ignoran los políticos, que en gran medida son los causantes de lo malo que le ocurre al país.

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