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Acuerdo de justicia atenta contra derechos de las víctimas: Human Right Watch

El director de la ONG, José Miguel Vivanco, afirmó que el texto está lleno de ambigüedades y podría generar impunidad.

El acuerdo sobre las víctimas del conflicto, firmado por el Gobierno de Colombia y las Farc el pasado 15 de diciembre, “garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino”, según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) en Washington.

Con base en un análisis jurídico realizado por la ONG después de los anuncios en La Habana, Vivanco sostiene que el texto “muestra numerosas ambigüedades” y que deja abierta la puerta para escenarios de impunidad.

Entre los puntos más criticados está el rango de penas con restricción a la libertad entre cinco y ocho años para aquellos que se acojan al nuevo sistema de justicia transicional. Esto porque lo principal en ese modelo “no es la restricción de la libertad sino el proyecto o las actividades de tipo restaurativo”. En otras palabras, da más valor a las actividades del condenado mientras se le restringe la libertad, que al monto de la condena.

“Colombia tiene la obligación jurídica, conforme al derecho internacional, de prever penas para violaciones de derechos humanos y graves violaciones al derecho internacional humanitario que guarden proporción con la gravedad de los crímenes”, explica el informe.

En ese sentido, Vivanco considera que la Corte Penal Internacional debería revisar las potenciales consecuencias del acuerdo de justicia. Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos ha dicho con insistencia que el modelo de justicia transicional no incumple con los compromisos internacionales de Colombia, para HRW “ya era preocupante que el Gobierno aceptara que criminales de guerra pudieran evitar la prisión, pero este acuerdo va más lejos y garantiza que no paguen una pena considerablemente seria”.

Otra de las grandes críticas tiene que ver con la creación del tribunal especial para la paz, porque si bien el presidente Santos prometió que ninguna de las partes designará a los jueces, todavía no hay claridad sobre quiénes serían y cuál es el modelo de selección.

“Si bien el acuerdo excluye expresamente la participación directa de las partes en el proceso de selección, no impide que puedan generar mecanismos y criterios que podrían otorgarles una influencia indebida en la selección de los jueves”, agrega.

Otros puntos calificados como ambiguos incluyen el juzgamiento por responsabilidad de mando; es decir, el papel de superiores en delitos cometidos por sus subordinados; duración de las sanciones, consecuencias de incumplimiento y las restricciones para ejercer cargos públicos.

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