Justicia

Las pruebas de la Comisión de Acusaciones contra Jorge Pretelt

Caracol Radio conoció en exclusiva el auto de acusación que comprueba la existencia del plan para sobornar la Corte Constitucional y engañar a la justicia si el caso era investigado.

Las pruebas de la Comisión de Acusaciones contra Jorge Pretelt

Las pruebas de la Comisión de Acusaciones contra Jorge Pretelt(Colprensa)

Bogotá

Para el representante Julian Bedoya, quien dirige la investigación contra el suspendido presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, el magistrado y su abogado, Abelardo de La Espriella, trataron, sin éxito, de montar una estrategia para desviar cualquier sospecha de su participación en el intento de soborno por $500 millones de pesos destinado a infiltrar el Alto Tribunal y obtener un fallo a favor de la fiduciaria Fidupetrol.

De ese plan hicieron parte además de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, el abogado de Fidupetrol, Víctor Patiño, el expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, y directivos de Fidupetrol, entre ellos su presidente Guillermo Caballero y el mayor accionista de la compañía Helbert Otero, actualmente preso por este escándalo.

En su auto de acusación de 115 páginas, Bedoya asegura que aunque este es un proceso político, no le queda duda alguna de que Pretelt Chaljub sí le pidió el dinero al abogado Víctor Pacheco, a quien identifica como el cerebro de ese plan para torcer a la corte, y advierte que la famosa grabación donde el defensor de Fidupetrol le cuenta toda la historia al magistrado Luis Ernesto Vargas es legal y debe ser tenida en cuenta en el proceso.

“Se trata de una prueba perfectamente válida y que merece completa credibilidad”, asegura Bedoya, quien se apoya en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que ponen como condición que quien haya grabado participe en la conversación. En este caso así ocurrió porque quien grabó y aportó la prueba fue el magistrado Vargas.

A lo largo del escrito el investigador una y otra vez acusa a Pretelt de un comportamiento irreprochable y de haber erosionado la legitimidad de la Corte Constitucional y la confianza de los ciudadanos en el Alto Tribunal.

“Es obligatorio que la administración de justicia actúe en este caso en modo ejemplarizante, enviando a la comunidad un mensaje que repare en algo el grave daño ocasionado por el magistrado con su comportamiento irreprochable”.

Explica Bedoya que pese a que no existe en el expediente la prueba reina de la exigencia del millonario soborno, este es un proceso donde se está juzgando la indignidad de un alto funcionario. Advierte además que las declaraciones de los 24 testigos identificados en el proceso permiten confirmar que el abogado Víctor Pacheco no se inventó esta historia, cuya existencia tampoco se atrevió a negar.

“Este despacho no puede dejarse de formular algunas preguntas. ¿Por qué Víctor Pacheco simplemente no niega que Pretelt le haya solicitado el dinero?¿Si la solicitud de dinero nunca existió, y a Pacheco le preocupa que aceptarlo puede incriminarlo, por qué simplemente no decir la verdad y negar tajantemente la existencia de esa solicitud?”

Estos y otros interrogantes llevan a Bedoya a concluir que el suspendido presidente de la Corte sí exigió el millonario soborno al abogado de Fidupetrol para conseguir que el magistrado Mauricio González los beneficiara con un fallo de tutela que les devolviera $22.000 millones de pesos que estaban en riesgo por un negocio irregular con las regalías del Casanare.

“Para el despacho la respuesta a todas esas preguntas es clara y sencilla: Pretelt sí solicitó dinero a Pacheco para influir en la decisión que debía tomar la Corte Constitucional en el caso FIDUPETROL, pero a este le da miedo aceptarlo expresamente porque no sabe qué consecuencias negativas podrían derivarse de allí para él”.

Otra de las pruebas que presenta Bedoya para confirmar la participación de Pretelt en este intento de soborno es el almuerzo en La Tabla de Michel al que había invitado a su compañero de sala Mauricio González y al que supuestamente a última hora se sumó el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, quien aprovechó un momento de la conversación para explicar los riesgos si Fidupetrol no ganaba la tutela.

“Este despacho no cree que ese almuerzo haya sido una casualidad. Sería muy ingenuo… no se trató de un almuerzo casual de colegaje entre magistrados que salieron a almorzar al terminar la sala, y al que en forma inesperada y casual se unió el doctor Rodrigo Escobar. No, se trató de un almuerzo planeado, organizado previamente a instancias de invitación realizada por el doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub”.

El representante Bedoya pudo recolectar pruebas del plan que puso en marcha la Fiduciaria Fidupetrol para permear a la Corte. Hay correos electrónicos y comprobantes de pagos al abogado Pacheco por hechos que todavía no habían ocurrido, como por ejemplo la selección de la tutela.

El auto de acusación también echa por tierra una de las tesis de la defensa de Pretelt, según la cual desde un comienzo el magistrado se opuso a la selección de la tutela. Dice Bedoya que una cosa es oponerse y otra muy distinta no recomendar su selección.

“Este despacho debe manifestar desde ya que esa afirmación no es cierta. La defensa falta a la verdad cuando hace esa afirmación que es un sofisma de distracción para confundir a la administración de justicia y al público en general”.

Frente al otro argumento de Pretelt y su defensa de otra prueba de su inocencia en este caso es su voto en contra de las pretensiones de Fidupetrol, el investigar sostiene que esta fue una táctica por si el caso llegaba a ser investigado.

“Unirse al resto de la Corte y votar como ellos, le ofrecía una coartada perfecta si por desgracia debiera enfrentar un proceso judicial como el que ahora nos ocupa”.

Finalmente, el investigador fijó sus ojos sobre los movimientos contables de la empresa Nates y Pinto con la que Fidupetrol tenía un contrato de intermediación comercial. A esta firma le fueron girados $471 millones de pesos en agosto de 2013 sin que exista un negocio por más de $4.000 millones de pesos que justifique el pago de esa comisión. El titular de ese contrato era TECFIN, de propiedad de Helbert Otero, preso en la cárcel Modelo de Bogotá por causa de este escándalo.

Por este caso el abogado Víctor Pacheco, actual testigo de la fiscalía y a quien recientemente un juez le concedió la detención domiciliaria, se comprometió a declarar ante la plenaria de la Cámara para que el caso por indignidad contra Jorge Pretelt sea fallado a favor por la plenaria del Senado y llegue finalmente a la Corte Suprema.

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