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Iván Mejía y César A. Londoño


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Piden al Inpec no dilatar trámites médicos para reclusos

La Corte Constitucional recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar los servicios de salud a las personas privadas de la libertad.

La Corte Constitucional le hizo un llamado de atención al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para que en adelante evite negar atención médica a los reclusos del país.

Señaló la Corporación Judicial que “es al Estado al que le corresponde asumir la responsabilidad por la prestación de los servicios en salud que el accionante demande en su condición de recluso”.

Indicó el Alto Tribunal que “las autoridades del centro penitenciario son las llamadas a asistir al interno cuando se presente algún padecimiento que afecte su estado de salud y en todo caso no pueden erigir barreras administrativas para dilatar la atención médica que requiere un recluso”.

La Corte hizo este pronunciamiento al fallar una tutela a favor de un recluso a quien se le había negado una prótesis dental la cual argumentó era “fundamental para alimentarse y vivir en condiciones de dignidad”.

Advirtió la Corporación Judicial que “la omisión de brindar la prestación médica a la población reclusa constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud”.

La Corte fue más allá y reprochó que incluso se esté incurriendo en supuestas dilaciones en los “trámites administrativos” para acceder a los servicios de salud.

“El Estado tiene frente a los internos el deber de garantizar el ejercicio de los derechos que no se encuentren limitados o restringidos por encontrarse privados de la libertad, la dilación en trámites administrativos no puede erigirse en una barrera para evadir responsabilidades que recaen sobre el INPEC, el Centro Carcelario y Penitenciaría y CAPRECOM EPS para atender lo requerido por el actor encaminada a que se pusiera una prótesis dental” puntualizó.