Justicia Transicional deberá garantizar derechos de víctimas: Corte Constitucional

Colombia

La Corte Constitucional reveló que en Colombia aún continúan presentándose casos de violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes debido al conflicto armado que se vive en el país.

El Alto Tribunal señaló que incluso según informes entregados a esa Corporación por parte de ciertos organismos de control se habla de que en departamentos como Antioquia, Caquetá, Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Nariño y Putumayo, se han registrado denuncias sobre casos de violencia sexual.

Razón por la cual la Corte cuestionó que después de varios años de ejecución e implementación de la ley de justicia y paz, donde se establecieron parámetros para investigar crímenes cometidos por esa organización criminal tales como los casos de violencia sexual a la fecha “el Estado aún carece de datos confiables sobre el impacto y la incidencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado, que permitan el diseño e implementación de políticas de prevención, atención y reparación integral de este tipo de violencia”.

Advierte que incluso “la Sala ha sido informada de posibles afectaciones de género con connotación sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, principalmente indígenas, alrededor de explotación minera en algunas zonas del país”.

Para ello cuestionó que “cerca del 26% de los procesos que cursan en las Direcciones Seccionales de la Fiscalía, se encuentran sin imputaciones concretas de responsabilidad. Cerca del 60% de los procesos que cursan en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se encuentran en la misma situación. Estas cifras indicarían que, a pesar de las actividades desplegadas por la Fiscalía, aún no se cuenta con elementos para vincular a los presuntos autores de los delitos sexuales, ni con pruebas conducentes y pertinentes para desvirtuar su presunción de inocencia”.

Por esta razón la Corte fue enfática en señalar que ante un eventual acuerdo de paz no se puede repetir los mismos errores que se presentaron en su momento con la ley de Justicia y Paz, pues a la fecha la Fiscalía no ha logrado evacuar todas las investigaciones que se adelantan contra grupos paramilitares pese a que estos se desmovilizaron hace una década.

Agregó el alto tribunal que pese a que la paz es un derecho fundamental este será totalmente garantizado si se protegen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Cabe recordar que (…) la flexibilidad penal en pro del alcance del derecho fundamental y el valor supremo de la paz, sólo se justifica si se satisfacen de manera adecuada y efectiva los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” precisa el documento.

Agrega que “en caso de que la normatividad transicional no genere impactos positivos en el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad” el Gobierno puede establecer los correctivos a que haya lugar respecto de las normas de Justicia Transicional, “cuyos contenidos permiten alcanzar la paz a la par que se satisfacen los derechos fundamentales de las víctimas”.