Corte dejó en firme ley de inspección y vigilancia a universidades
El Ministerio de Educación celebró la decisión, que otorga herramientas para prevenir y sancionar irregularidades.
Corte dejó en firme ley de inspección y vigilancia a universidades(Colprensa / Archivo)
De acuerdo con el Alto Tribunal la Ley 1740 de 2014, se realizó teniendo en cuenta la normatividad expuesta en la Constitución Política que regula este procedimiento.
Al quedar en firme la Ley, que es norma constitucional, ya está vigente en todo el país.
La ministra de Educación, Gina Parody, emprendió una batalla en el Congreso para sacar adelante la iniciativa, que le permitirá ejercer funciones de prevención y a la vez sancionar a Instituciones de Educación Superior, que incurran en faltas.
Como el caso de la Fundación Universitaria San Martín, donde hubo irregularidades administrativas, financieras y académicas, que derivaron en perjuicios para los estudiantes.
"En el Ministerio estamos muy contentos porque la ley 1740 nos ha permitido ejercer inspección y vigilancia de una manera adecuada", señaló Natalia Ariza, viceministra de Educación Superior.
Luego de recibir tres demandas de inconstitucionalidad en contra de esta Ley, la Corte Constitucional se declaró inhibida a pronunciarse de fondo contra las dos primeras denuncias porque no se encontraban bien estructuradas, es decir tenían errores de técnicos, sobre la tercera demanda, la Corte entró a asumir conocimiento y revisó el procedimiento que se emitió para la expedición de la Ley y otros temas generales como el de la autonomía universitaria.
"La Corte hizo el estudio, pero finalmente tomó la decisión de declarar la Ley exequible, porque al estudiar una parte de la demanda, que era sobre los vicios de procedimiento, la Corte decidió que estos no eran a lugar y que todo el procedimiento que se realizó para la expedición de la Ley fue acorde a la Constitución", aseguró Ariza.
La ley 1740 de 2014, sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, también faculta al Ministerio para obtener información jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad de las instituciones de educación superior y le ordena a la Contaduría General de la Nación expedir el plan único de cuentas de las mismas.
