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URUGUAY EDUCACIÓN

Manifestantes uruguayos desalojados presentan denuncia por violencia policial

Once de los manifestantes detenidos durante el desalojo de la sede en Montevideo del órgano rector de la educación pública de Uruguay presentaron una denuncia ante la Justicia por la "inusitada violencia" policial durante los hechos ocurridos el pasado martes, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorizó la desocupación de las oficinas del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), donde los jóvenes, que cursan secundaria, acamparon el pasado viernes para pedir, principalmente, mayor presupuesto público para la enseñanza.

Este jueves declararon los detenidos, 13 según el Poder Judicial, mientras que 24 policías que presentaron denuncias por lesiones declararán a partir de mañana.

Según fuentes judiciales consultadas por Efe, los manifestantes denuncian haber sido "sometidos a una inusitada violencia con puntapiés con el objetivo de reducirlos" así como haber sido objeto de "sometimientos graves tanto morales como psicológicos".

En este sentido, las mismas fuentes explicaron que la decisión sobre la tipificación de la denuncia con el grado de "tortura" corresponde en primer lugar a la Fiscalía, aunque en última instancia es la jueza encargada del caso la que decide.

Esta aclaración surge al hilo de las informaciones aparecidas en varios medios uruguayos que aseguran que los policías fueron denunciados por "tortura".

Del mismo modo, la demanda presentada por los manifestantes ante la Justicia solo sirve para exponer los hechos que deben ser investigados por la Fiscalía, pero no tipifican la denuncia.

El desalojo de los estudiantes del Codicen produjo que el pasado miércoles se convocase un paro de 24 horas en la enseñanza de Uruguay así como una marcha de los gremios estudiantiles para condenar, en su opinión, la "brutal represión" policial.

En un comunicado, el Ministerio del Interior uruguayo expresó que tras varias negociaciones infructuosas y ante la negativa a desocupar el local por parte de los estudiantes, las fuerzas policiales irrumpieron en el recinto con un Grupo de la Reserva Táctica (GRT).

El ingreso se produjo "sin encontrar resistencia alguna por parte de los ocupantes", pero el Ministerio aseguró que desde el exterior del mismo efectivos de la Guardia Republicana fueron atacados por miembros del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) y de la organización Plenaria, Memoria y Justicia, que apoyan a los estudiantes.

Según el Poder Judicial del país suramericano hubo 13 detenidos, ocho manifestantes lesionados durante los enfrentamientos y 24 agentes heridos.

Además, uno de los manifestantes presenta una "fractura occipital" del cráneo que no reviste gravedad pero que tuvo que ser internado, mientras que un policía perdió el conocimiento durante los incidentes.

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