DPS aplaza adjudicación de licitación de alimentos tras denuncias de Caracol
Anunció que llevará a la Fiscalía denuncias de falsedades y dijo que por el principio de la buena fe en 2014 no descalificó al proponente que ganó.
Pasadas las 3 de la tarde el Departamento para la Prosperidad Social dio por terminada la audiencia que inicialmente estaba citada para la adjudicación de una licitación de más de $58.000 millones de pesos para el suministro de alimentos a las familias más pobres del país, pero que terminó con denuncias de presuntas falsedades y señalamientos de favoritismo hacia un consorcio que en 2014 mintió sobre su experiencia para quedarse con el contrato en la costa Atlántica.
Para la zona Caribe, que comprende 8 departamentos, se presentaron seis proponentes. Según el orden de elegibilidad el primer lugar lo ocupa el Consorcio Caribe, integrado por las corporaciones Cefin, Gers y la Universidad Popular del Cesar.
Las reglas obligaban a los proponentes a limitar su participación a solo tres de las cuatro zonas en que fue dividido el país.
Aunque el Consorcio Caribe certificó que cumple con este requisito, omitió contarle al DPS que la Universidad Popular del Cesar no sólo se presentó para la zona Caribe, sino que también aspira a quedarse con los contratos en las otras tres zonas del país.
El hecho fue denunciado ante el DPS que el pasado 2 de septiembre se negó a excluir de la licitación al Consorcio Caribe. Argumentó que “no es la autoridad judicial competente para referirse sobre el particular”.
Sin embargo, en la audiencia de este viernes ante las insistencias de los demás proponentes anunció que revisará el tema.
El DPS en una comunicación a Caracol Radio señaló que aunque en la Licitación 03 de 2014 se denunció que el Consorcio Región Caribe entregó certificaciones falsas sobre su experiencia, como convenios con los municipios de Carmen de Bolívar, María la Baja y Juan Nepomuceno, el principio de la buena fe no le permitía descalificarlo.
Hoy un año después anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades las presuntas irregularidades.
“La entidad en su momento solicitó al observante que interpusiera las denuncias a que hubiere lugar, anotando que a la luz del Principio de la Buena Fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, debían recibirse los documentos, toda vez que no mediaba sentencia judicial que facultara a la entidad para su rechazo, máxime en cuanto a que el DPS no es autoridad judicial con competencia para pronunciarse al respecto. No obstante esta administración compulsará copia a la autoridad competente sobre la denuncia de la que se tuvo conocimiento el día de ayer, por su conducto”.
Caracol buscó al representante legal del consorcio Alberto Luis Torres Rapelo, para preguntarle por estas dudas sobre el contrato, pero se negó a aclarar los interrogantes. “No tengo por qué estar respondiendo esas preguntas. A razón de qué”.
Según dijo, necesitaba certificar que quien le hacía las preguntas era realmente un periodista.
En los años 2012, 2013 y 2014 el DPS adjudicó de manera directa a Torres Rapelo contratos para suministro de alimentos que suman más de $.8.800 millones. Pese a estos convenios en 2014 no le alcanzaron para certificar la experiencia en cobertura geográfica que pedía la Licitación 03 por $9.830 millones.
