Denuncian favorecimiento en licitación de alimentos para municipios pobres en la costa
La firma que ocupa el primer lugar en la lista de elegibles, fue acusada de falsificar los certificados de experiencia en la licitación de 2014.
Para este viernes 4 de septiembre a las 10:30 de la mañana está citada la audiencia de adjudicación de una licitación por más de $58.000 millones de pesos, que abrió el Departamento para la Prosperidad Social para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más pobres del país.
Para garantizar la efectividad nutricional el país fue dividido en cuatro zonas: la Caribe, centro oriente, centro occidente y sur occidente.
Para la zona Caribe, que comprende 8 departamentos, se presentaron seis proponentes. Según el orden de elegibilidad el primer lugar lo ocupa el Consorcio Caribe, integrado por las corporaciones Cefin, Gers y la Universidad Popular del Cesar.
Una de las normas del pliego de condiciones impone a los proponentes la obligación de certificar que no están participando en más de tres propuestas, ya sea de manera individual o como integrantes de un consorcio o unión temporal.
Para esta licitación la Universidad Popular del Cesar no sólo se presentó para la zona Caribe, sino que también aspira a quedarse con los contratos en las otras tres zonas del país, con lo cual, violaría la norma que limita a 3 la posibilidad de participar en el proceso.
Aunque la situación fue advertida, el DPS rechazó las denuncias bajo el argumento de que cuando se habla de proponentes se debe entender que se hace referencia a un grupo, lo que no inhabilita a sus integrantes para presentarse en otras propuestas.
Fuentes consultadas por Caracol aseguran que con ese argumento del DPS está violando la disposición que limitaba a 3 las posibilidades de presentar propuestas y que legalmente los consorcios y unión temporales no son personas naturales ni jurídicas por lo que cada uno de sus miembros adquiere la calidad de proponente.
En 2014 el Consorcio Región Caribe ganó la licitación. Para certificar su experiencia relacionó convenios en varios municipios de Bolívar. Sin embargo, las alcaldías de Carmen de Bolívar, María la Baja y Juan Nepomuceno certificaron que esa información no era cierta.
Caracol buscó al representante legal del consorcio Alberto Luis Torres Rápelo, para preguntarle por estas dudas sobre el contrato, pero se negó a aclarar los interrogantes. “No tengo por qué estar respondiendo esas preguntas. A razón de qué”.
Según dijo, necesitaba certificar que quien le hacía las preguntas era realmente un periodista.
En los años 2012, 2013 y 2014 el DPS adjudicó de manera directa a Torres Rápelo contratos para suministro de alimentos que suman más de $.8.800 millones. Pese a estos convenios en 2014 no le alcanzaron para certificar la experiencia en cobertura geográfica que pedía la Licitación 03 por $9.830 millones.
