Política

Minería ilegal se convirtió en un negocio más rentable que el narcotráfico

Cada año el país pierde 120 mil hectáreas de bosque por deforestación, la minería ilegal contribuye en gran medida a la problemática.

Mineria ilegal (Archivo)

Mineria ilegal (Archivo)(Colprensa)

Bogotá

Caracol Radio conoció un dramático informe sobre la situación de la minería ilegal en Colombia, que según cifras del Departamento Nacional de Planeación, está desbordada, al punto que las ganancias por ese negocio son 3.5 veces mayores a las que deja el narcotráfico. El Subdirector Territorial y de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación, Manuel Castro se refirió a las cifras.

“El potencial de producción anual en toneladas, por el área bajo cultivos ilícitos es de 442 toneladas y en minería ilegal es de 59 toneladas, pero los costos por valor de esa producción, aproximado del negocio es cercano a los dos billones de pesos de 2014 en el caso de narcotráfico, mientras que en minería ilegal es cercano a los 7.1 billones de pesos”.

Otra característica que refleja el predominio de la minería ilegal es su extensión en el territorio, mientras las actividades de narcotráfico abarcan 21 departamentos y 204 municipios, la minería ilegal está presente en 12 departamentos, pero que afectan 233 municipios.

Según el informe las zonas del país donde predomina la actividad ilícita son Chocó, Nariño. Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, vichada, Putumayo y Caquetá, en estas regiones la minería criminal está asentada en zonas de reserva y parques naturales, de allí el poder destructivo de la actividad sobre los recursos naturales.

El Gobierno Nacional que ha iniciado una lucha frontal contra el delito, busca reducir las hectáreas erosionadas por el ilícito, se estima que el país pierde cada año 120 mil hectáreas de bosque a causa de la deforestación, gran parte de ellas por la minería ilegal, a través del Plan Nacional de Desarrollo se acordó reducir la cifra a 90 mil para 2018.

De igual forma el Ministerio de Ambiente trabaja de forma articulada con la Policía y la Fiscalía para procesar a los responsables de la actividad ilegal, con la destrucción de maquinaria y la recuperación de los terrenos afectados.

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