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MÉXICO GOBIERNO (Previsión)

Informe oficial respalda a Peña Nieto y esposa en caso de compra de casas

Las denuncias contra el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angelica Rivera y el ministro de Hacienda, José Luis Videgaray, por supuestas irregularidades en la compra de inmuebles fueron rechazadas hoy en una investigación oficial que negó conflicto de intereses en esos casos.

El secretario (ministro) de Función Pública de México, Virgilio Andrade, presentó hoy en rueda de prensa el informe elaborado sobre esas operaciones inmobiliarias, investigadas a raíz de varios reportajes periodísticos que causaron un fuerte revuelo en la opinión pública desde finales de 2014.

Andrade señaló que Peña no ha participado en ningún procedimiento de contratación ni de asignación de obras durante su administración porque jurídicamente "al presidente no le corresponde autorizar contratos de obra pública".

La investigación resolvió además que el presidente no tuvo conflicto de interés al comprar en 2006 una propiedad en Ixtapan de la Sal, estado de México, al empresario Roberto San Román, porque la operación fue cerrada seis años antes de asumir su cargo en 2012.

En el caso de Rivera, Andrade reveló que la adquisición de una casa en un exclusivo barrio de la capital (Lomas de Chapultepec), denominada popularmente "Casa Blanca", fue efectuada con sus propios recursos en enero de ese último año con un contrato de reserva de dominio que no cambió tras asumir su esposo la Presidencia.

Andrade detalló la información proporcionada por la primera dama sobre su patrimonio, obtenido de su carrera como actriz de la cadena Televisa, que entre otras cosas le valió una indemnización en 2010 de 88 millones de pesos (unos 5 millones de dólares), que incluyó otra casa en Lomas de Chapultepec.

Anunció además que Rivera dejó de tener posesión sobre la "Casa Blanca" en diciembre de 2014 al dar por terminado el contrato con la empresa y cubrir una renta de 10,5 millones de pesos (unos 635.530 dólares) por los tres años que la ocupó.

La casa fue comprada por 54 millones de pesos, y los 14,5 millones que ya había pagado le fueron regresados.

La Secretaría de la Función Pública (SFP, contraloría) resolvió también que Videgaray no incurrió en conflicto de interés en la compra de una propiedad en Malinalco, un municipio del Estado de México, por haberlo hecho antes de ser funcionario aunque ya era parte del equipo de Peña.

En los tres casos se demostró que los investigados pagaron los inmuebles en los términos acordados en los contratos de compraventa a través de documentos públicos y cheques certificados emitidos por los compradores.

"No existe conflicto de interés" porque ni Peña ni Videgaray "incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden", dijo Andrade.

La investigación, anunciada en febrero pasado por Peña Nieto al nombrar a Andrade en la SFP, está integrada por 20 volúmenes con 60.000 hojas que incluyen los testimonios de 111 funcionarios y los 33 contratos de las empresas involucradas tienen con el gobierno.

Andrade confirmó que los servidores públicos interrogados rindieron declaración formal ante la SFP, que además investigó sus trayectorias en la administración, aunque evitó dar detalles sobre cuestiones como si se revisaron sus cuentas de correo electrónico.

Videgaray y la primera dama compraron sus propiedades a la empresa Higa, una constructora con 22 contratos de obra pública y que ganó la licitación del contrato del tren de alta velocidad a Querétaro cancelado en noviembre de 2014 por decisión de Peña Nieto, tras estallar la polémica.

Los contratos de los grupos empresariales que vendieron los inmuebles son con 15 dependencias distintas del Gobierno federal.

De ellos trece son de adquisiciones de bienes y servicios, y los restantes veinte de obra pública, por un monto total de 1.380 millones de pesos (unos 83,6 millones de dólares).

"Todos esos contratos representan el 0,017 por ciento del monto total de los contratos otorgados por el Gobierno Federal, considerando el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2015", enfatizó Andrade.

El contralor aseguró que la investigación "está concluida" en el terreno jurídico y será "abierto al escrutinio" de cualquier persona y no solo a un panel de expertos, como pidió Peña en febrero pasado cuando la encargó.

La polémica en torno al caso comenzó a raíz de que la revista Proceso y el programa Aristegui Noticias de la cadena de radio MVS difundieran una investigación sobre la llamada "Casa Blanca", que llevó a Rivera a anunciar la venta de la propiedad en un mensaje público a la nación en el que defendió su honestidad.

Poco después MVS terminó su relación laboral con la conductora del espacio radiofónico, Carmen Aristegui, que denunció censura, algo que rechazaron los propietarios de la emisora.

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