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BRASIL CRISIS (Ampliación)

Fiscalía denuncia por corrupción a presidente de Diputados de Brasil y Collor

La Fiscalía brasileña denunció hoy formalmente ante la justicia al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y al senador y expresidente Fernando Collor de Mello por su supuesta participación en la red de corruptelas en la petrolera estatal Petrobras.

La denuncia fue presentada por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, ante el Supremo Tribunal Federal (STF) debido a que los dos acusados tienen fuero privilegiado, informó la Fiscalía.

El jefe de la Fiscalía acusó a Cunha y a Collor de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en su requerimiento no pidió ante la máxima corte que ambos congresistas renuncien o se licencien de sus cargos en el Legislativo.

Pese a integrar el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la principal fuerza aliada al Gobierno, Cunha expresó días atrás su descontento con el Ejecutivo y fijó una postura personal de oposición a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Cunha y Collor forman parte de la lista de cincuenta políticos investigados junto a exaltos cargos de la petrolera y ejecutivos de importantes constructoras como sospechosos de beneficiarse de la red enquistada en Petrobras que sobrevaloraba contratos y desviaba recursos de la empresa estatal.

También fueron denunciados hoy en el mismo proceso la exdiputada del PMDB y actual alcaldesa de Río Bonito, Solange Almeida, el exministro Pedro Paulo Leoni Ramos y otras tres personas próximas a Collor.

Si la corte suprema acepta la denuncia presentada por el Ministerio Público, los acusados pasarán a ser reos del proceso y en el caso de Cunha y Collor de Mello, por su fuero privilegiado como legisladores, deberán responder únicamente ante ese tribunal.

Por su condición de presidente de la Cámara baja, Cunha sólo podrá ser juzgado por los once magistrados del plenario del STF, mientras que con Collor, en caso de ir también a juicio, será el segundo escalón del supremo, integrado por cinco jueces, el encargado de llevar el proceso.

El relator del proceso en el STF, el magistrado Teori Zavascki, deberá ahora notificar a la defensa de los acusados para que presenten las pruebas de descargo, tras lo cual el caso retornará al Ministerio Público, que emitirá un pronunciamiento antes de que la máxima corte decida, en plenario, la apertura o no de un juicio.

El titular de la Cámara fue acusado por el consultor empresarial Julio Camargo, que colabora con la investigación de la Fiscalía a cambio de una reducción de su futura pena, de haber recibido entre junio de 2006 y octubre de 2012 por lo menos cinco millones de dólares en el exterior por haber intermediado una contratación de navíos-sonda para Petrobras.

El propio Camargo confesó haber recibido un soborno de cuarenta millones de dólares de la surcoreana Samsung Heavy Industries, empresa que suministró los navíos a la petrolera.

Además de las operaciones con remesas internacionales, la Fiscalía identificó transferencias sospechosas, a título de donaciones, para una iglesia evangélica con nexos políticos con Cunha, quien, según las denuncias, habría presionado a Camargo para que le diera más dinero cuando la empresa dejó de pagar sobornos.

En su defensa, Cunha alega que es víctima de una persecución por parte de Janot y el miércoles, ante los rumores de que la Fiscalía presentaría la denuncia, el político descartó presentar renuncia a su cargo, como piden algunos sectores oficialistas.

En cuanto a Collor, la Fiscalía acusa al expresidente de haber recibido dinero desviado de la petrolera entre 2010 y 2014, y de haberse valido de un "sofisticado sistema de blanqueo de capitales" a través de algunas empresas de su propiedad o de otras de las que era socio.

Las empresas, oficinas y hasta las residencias de Collor de Mello ya fueron objeto de un amplio registro el pasado 14 de julio, cuando la Policía Federal se incautó de numerosos bienes y documentos que habrían agravado su situación.

Collor presidió Brasil desde 1990 hasta 1992, año en el que renunció al mandato acorralado por denuncias de corrupción.

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