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EL SALVADOR FUERZA ARMADA

Fuerza Armada salvadoreña procesa por sedición a 14 militares que pedían bono

El ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, confirmó hoy que 14 miembros de las Fuerzas Armadas han sido procesados por la justicia militar por el delito de "sedición en tiempo de paz", debido a que trataron de manifestarse para pedir mejoras salariales.

"Los miembros de la institución involucrados en tan infortunado hecho se encuentran detenidos y están siendo sometidos al proceso legal por el supuesto cometimiento (sic) del delito de sedición en tiempo de paz", expuso el jefe castrense.

Detalló que este delito tiene una pena, según el Código de Justicia Militar, de 5 a 10 años de prisión para los "cabecillas",y de uno a 3 años para los "ejecutores".

Payés, respaldado por todo el Alto Mando militar, detalló que siete de estos soldados se concentraron en la capital salvadoreña el pasado viernes, encapuchados (como suelen patrullar) y con las armas de equipo, para intentar marchar en exigencia de un bono similar al que recibieron la semana pasada los policías, de 250 a 600 dólares.

Los otros siete militares procesados por un tribunal de instrucción militar supuestamente "estuvieron detrás" del fallido intento de marcha de la semana anterior.

"El caso es ventilado por un juez militar de instrucción (...) y de acuerdo a sus investigaciones éste puede ponerse en manos en un juzgado de primera instancia militar que lo maneja un juez civil nombrado por la Corte Suprema", expuso.

De igual forma dijo que si el proceso pasa a la siguiente instancia, la Fiscalía será informada para que "intervenga".

El funcionario también desmintió los señalamientos hechos por una supuesta familiar de un militar que acusó hoy a las autoridades de Defensa de "violar los derechos humanos de los procesados".

La mujer hizo estos señalamientos en el lugar previsto para una concentración de soldados y familiares, que fue cancelada hoy a último momento.

"Los compañeros que se reunieron el viernes están incomunicados, sin sus teléfonos y alejados de sus familias", manifestó la mujer que pidió el anonimato.

La misma señaló que los jefes del recinto donde están detenidos los 14 soldados no permitieron el acceso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para inspeccionar las condiciones de la detención.

Payes acotó que "las acciones tomadas" contra los militares "no se tratan de una violación de derechos humanos" sino de una "correcta aplicación" de las leyes que regulan "el funcionamiento de la Fuerza Armada".

También señaló que miembros de la PDDH visitaron a los militares investigados y que, "si bien hicieron algunas puntualizaciones, pudieron comprobar que no se están violando sus derechos".

No obstante, el ministro de Defensa admitió que están "conscientes de las necesidades del personal militar" y que el Gobierno está "haciendo un esfuerzo para el mejoramiento salarial y optimizar la calidad de vida de los miembros de la institución".

La polémica por la bonificación también se da en momentos en los que el país, según el Gobierno, afronta la "mayor crisis de violencia" desde la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra en 1992.

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