Isagén pide tutela de Corte Constitucional por litigio con Odebrecht

Ante la Corte Constitucional, la empresa Isagén demandó una acción de tutela con el propósito de preservar y proteger los derechos constitucionales que le asisten por un fallo emitido en un arbitraje internacional con sede en Bogotá, que la obliga a pagar 125 mil 335 millones de pesos.- Según la empresa generadora de energía, esa vulneración causó un daño al patrimonio de la Empresa y afecta por tanto a todos los accionistas, entre los que, como es conocido, tiene participación mayoritaria la Nación

 La empresa señaló que el interés de Isagén es que se cumpla con la ley, pues el cumplimiento de la ley le da seguridad jurídica frente a la creciente interrelación que tiene con contratistas nacionales e internacionales

 Según Isagén, son varias razones por las que considera que debe intervenir la Corte Constitucional: “Isagén aceptó someter las controversias planteadas por el Consorcio Miel, quien aseguró estar conformado por un grupo de empresas conocidas por Isagén a un Tribunal de Arbitramento internacional con sede en Bogotá que fallaría en derecho bajo la ley colombiana, en razón a que el contrato celebrado se regía por esta ley. No obstante, la composición del Consorcio incluso ya había cambiado con anterioridad a la celebración del pacto sin que esto hubiere sido informado ni consentido por Isagén, violando el contrato de obra suscrito, el que se celebró en calidad de las personas con las que se contrataba. Posteriormente, un Consorcio integrado por empresas distintas de aquellas frente a las cuales Isagén consintió en ir a arbitraje convocó el Tribunal de Arbitramento. Considera Isagén que con esto se le violó el principio constitucional de voluntariedad, pues como es conocido, un arbitramento sólo puede intervenir cuando las partes así lo hayan consentido expresamente”

 Otra situación que fue alegada ante la Corte, es que “el fallo del Tribunal de Arbitramento tuvo como fundamento un expediente paralelo a que tuvieron acceso los árbitros y la contraparte de Isagén, y que sólo vino a ser conocido por Isagén después de que se emitiera el fallo. Esto quebrantó los principios de transparencia, lealtad, confiabilidad y debido proceso que le asisten a Isagén”

 “Existen otros aspectos adicionales alegados por Isagén y relacionados también con las pruebas, las cuales van desde pruebas determinantes que Isagén solicitó y que habiéndose decretado no se practicaron, hasta tener por probados unos supuestos sobrecostos incurridos en el marco de un contrato estipulado por precios unitarios, sin soporte en las facturas y asientos contables que no se exhibieron. De este modo, los supuestos sobrecostos en los contratos de obra no pudieron ser controvertidos debidamente. De esta manera, Isagén considera que se le violó el derecho de defensa”, detalló el comunicado

 Agregó: “Isagén quiso agotar todas las instancias judiciales con el fin de proteger sus derechos al debido proceso, el acceso a la justicia y el respeto del Estado Social de Derecho. No obstante, una vez proferido el fallo arbitral en el 2010, Isagén registró en sus estados financieros el pasivo objeto de la condena y en julio de 2013, una vez el Consejo de Estado emitió el fallo dentro del recurso de anulación que dejó en firme el Laudo Arbitral y con el único fin de evitar mayores costos para la Empresa, Isagén procedió a pagar a los demandantes COP $125.335.000.000, valor total de la condena”

 Por último, Isagén señala que si el fallo de acción de tutela es adverso, no tendría impacto financiero actual en la Empresa, debido a que el impacto financiero fue registrado desde 2010 y sufrido en 2013

 “Sin embargo, tenemos serias esperanzas de recuperar ese impacto y recomponer a ISAGEN y sus accionistas el sacrificio que se hizo en su momento para cubrirlo”, precisó el comunicado de la generadora de energía eléctrica