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Sin novedades en pesquisa tras 8 semanas de desaparición de jóvenes mexicanos

A pesar de las multitudinarias protestas en México para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero, el Gobierno mexicano sigue sin dar novedades en la investigación al cumplirse ocho semanas de la tragedia.

México, 21 nov (EFE).- A pesar de las multitudinarias protestas en México para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero, el Gobierno mexicano sigue sin dar novedades en la investigación al cumplirse ocho semanas de la tragedia.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, admitió hoy que la sociedad "está harta de sentirse vulnerable, está cansada de la impunidad y la delincuencia", y con "razón y urgencia" exige que la ley se cumpla.

El mandatario aludió así a las marchas en las que participaron decenas de miles de mexicanos para recordar a los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y exigir justicia al Estado.

Los familiares de los 43 alumnos de la escuela de formación de docentes de Ayotzinapa, también en Guerrero, que desaparecieron el pasado 26 de septiembre a manos de policías corruptos y criminales, volvieron hoy a vivir momentos de frustración y enojo por el nulo avance en las investigaciones oficiales.

Después de participar anoche en las protestas de la capital, los padres se reunieron hoy por tercera ocasión con el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, Tomás Zerón, en Chilpancingo, la capital de Guerrero.

"Están molestos porque no se ha avanzado en las investigaciones", dijo el abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, al concluir el encuentro.

Al término de la reunión, los familiares expresaron su enojo con gritos de "asesino", "mentiroso", "regresen a nuestros hijos" y arrojaron objetos contra el vehículo de Zerón cuando este abandonaba el lugar.

Según Rosales, el único dato nuevo aportado por las funcionarios fue la detención del secretario general del ayuntamiento de Cocula, César Ramírez Nava, quien presuntamente está vinculado con la desaparición de los estudiantes.

Además, Rubido les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) nombrará a 10 personalidades de América Latina para que colaboren en las investigaciones.

El abogado explicó que en esta reunión las autoridades no reportaron avances en las pesquisas y tampoco sobre las pruebas genéticas a los restos óseos hallados en un basurero del municipio de Cocula, vecino a Iguala, que se llevan a cabo en un laboratorio de Austria.

De acuerdo con la investigación, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos en una noche en la que seis personas murieron y 25 resultaron heridas en ataques a tiros presuntamente ordenados por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Según el testimonio de tres miembros de Guerreros Unidos, los alumnos de una escuela para maestros de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero porque creyeron que eran miembros de su grupo rival, Los Rojos.

Los compañeros de los jóvenes y familiares no creen esta versión, basada en declaraciones de criminales que podrían estar mintiendo, hasta que no haya pruebas científicas que la avalen y por ello han mantenido las protestas para exigir justicia y la aparición de los estudiantes.

El abogado deslindó hoy este movimiento de los hechos aislados de violencia registrados el jueves en la capital mexicana, en los que grupos de encapuchados se enfrentaron con policías antidisturbios, que dejaron un saldo de dos agentes heridos y una treintena de detenidos.

Peña Nieto también aludió hoy a dichos incidentes y aseguró que no permitirá actos vandálicos en el marco de manifestaciones legítimas.

El jefe del Ejecutivo defendió la libertad de expresión y manifestación de los mexicanos como una de las conquistas fundamentales, pero advirtió que no permitirá que grupos vandálicos atenten contra estos derechos.

El Estado "en su conjunto" garantizará "que las manifestaciones ciudadanas no sean secuestradas por quienes actúan con violencia y vandalismo", dijo tras reconocer que una de las principales demandas de la sociedad, "es contar con mejores resultados" en materia de seguridad y justicia. EFE

jrm/pmc/dmt

(foto)(audio)(vídeo)

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