Piden que ELN sea investigado por violación a los derechos humanos

La solicitud la hizo el Consejo de Estado a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que  revise si hay lugar a reabrir y continuar la investigación contra el grupo guerrillero (ELN), por presuntas violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario

Esta solicitud se hace al condenar a la Nación a pagar más de 876 millones de pesos por la muerte de un comerciante en el municipio de Teorama (Norte de Santander), quien fue fusilado por integrantes de la citada guerrilla frente a la comunidad, en octubre de 1997

La Sala encontró probado que la víctima se dedicaba al expendio de carne en la población, entre ellos a miembros de la Policía y del Ejército (mientras hicieron presencia en el lugar), por lo que recibió amenazas que obligaron su desplazamiento forzado, abandonando su lugar de residencia y trabajo. Luego de varios años, la víctima regresó al municipio confiado en que las amenazas habían cesado, pero, contrario a ello, estas se concretaron el 2 de octubre de 1997

La Corporación recordó que la existencia de un conflicto armado interno no puede representar la negación, limitación o extinción de los derechos constitucional, convencional y universalmente reconocidos a todas las personas. Por tal razón, se debe acatar la obligación contemplada en el Convenio IV de Ginebra, relativa a la protección debida a laspersonas civiles en tiempo de guerra. Postulado que se aplica tanto al grupo ilegal armado, como a la Fuerza del Estado

Explica la corporación que aunque la Fuerza Pública conocía la peligrosidad de la zona, optó por ausentarse totalmente y abandonó a la población a la “voluntad de los grupos insurgentes que actúan en la región”. Por tal razón, califica de insolente el argumento según el cual no se podía pretender tener un agente para cada ciudadano, pues lo que se exige es la presencia mínima requerida en la población, según sus necesidades

“Queda claro, entonces, que en el municipio de Teorama no se prestó el servicio de vigilancia urbana y rural que le correspondía prestar en forma permanente e ininterrumpida, no sólo a la Policía Nacional, sino también al Ejército Nacional, pues claramente del material probatorio se infiere que la población se veía supeditada a la opresión, esta sí claramente constante, de los grupos insurgentes que la atemoriza”, señala la sentencia.