Baja calificación de HRW para Colombia

Según el reporte anual sobre derechos humanos que presenta Human Rights Watch (HRW), “el Gobierno de Santos ha adoptado diversas medidas que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos”

De esta forma, la ONG sostiene su escepticismo frente al avance del Marco Jurídico para la Paz y la reforma al Fuero Penal Militar, a pesar de los constantes encuentros el año pasado entre miembros del Gobierno y el director de HRW para América Latina, José Miguel Vivanco

El informe asegura que “el Gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares queden impunes”

Además, criticó que el año pasado, durante procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno negó que las fuerzas armadas “hubieran participado en atrocidades por las cuales en la justicia nacional ya habían sido condenados varios militares”

En línea con el lenguaje de los últimos años, el informe también resalta el daño que le ocasiona al país el accionar de los grupos armados irregulares, como las guerrillas y los sucesores de los paramilitares, quienes representan una constante amenaza para la defensa de los derechos humanos

“Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y líderes de desplazados sean víctimas de amenazas de muerte y otros abusos. Si bien el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia”, dice

RESTITUCIÓN DE TIERRASPor otra parte, señala deficiencias en la implementación de la Ley de Víctimas, sancionada en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados

“El Ministerio de Agricultura estimó que para fines de 2014 se dictaría sentencia en casi 80.000 casos de restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas. No obstante, hasta septiembre de 2013 el gobierno había obtenido sentencias que ordenaban la restitución en 666 de las más de 45.000 solicitudes recibidas. En septiembre de 2013 —más de dos años después de la sanción de la Ley de Víctimas— el gobierno informó que tan sólo tres familias habían regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la ley”

AYUDA DE EE.UU

Según la ONG, el Gobierno de EE.UU. debió revisar los requisitos en materia de derechos humanos antes de aprobar la ayuda económica para Colombia

“En septiembre de 2013, el Departamento de Estado certificó que Colombia estaba cumpliendo las condiciones de derechos humanos, a pesar de que la reforma del sistema de justicia penal militar se oponía abiertamente al requisito que exigía que todas las presuntas violaciones de derechos humanos fueran investigadas y juzgadas por autoridades de la justicia penal ordinaria”.