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Darío Arizmendi


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Hasta a abuso sexual habría llegado exceso de Fuerza Pública según Organizaciones Sociales

Una comisión de verificación compuesta por diferentes organizaciones sociales viajó a Boyacá para verificar las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Según un informe entregado, se registraron denuncias por casos de torturas y abuso sexual, así como otros excesos

Entre las que viajaron en la comisión se encuentran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Congreso de los Pueblos, entre otros

Mayerly Garzón, vocera de esta Comisión afirmó luego de recorrer la zona entre agosto 24 y 25, “encontramos puntos críticos donde el Esmad y la Policía hicieron un uso abuso excesivo de la autoridad, agredieron brutalmente la población, registramos casos de tortura, tratos crueles e inhumanos y hasta casos de abuso sexual”

Afirma que obtuvieron evidencia sobre estos excesos, “como los casquillos de fusil encontrados en la zona donde se verificó, además de videos y otros elementos que evidencian como la Fuerza Pública descarga armas de fuego contra la población”

En el informe señalan además que esto causó varios heridos, “principalmente en los sectores de Germania, Altos de Moral y Puente Boyacá

“Abuso sexual contra jóvenes (hombres y mujeres) por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas provenientes de estos funcionarios de agredir sexualmente a las mujeres, esposas e hijas de los campesinos”, fueron denunciadas a esta Misión de Observación

Actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, “incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años”

Afirman que tienen denuncias del “saqueo, robo de dinero y comisión de otros delitos comunes a manos de la fuerza pública, con el acompañamiento de miembros de la SIJIN”, incluso en la capital del departamento. “El ingreso arbitrario en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos, además de señalamientos, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro Agrario en Boyacá”, fueron otras situaciones que aseguran que fueron evidenciadas y están documentadas

Estas organizaciones responsabilizan de la situación directamente al presidente de la República, Juan Manuel Santos y al director General de la Policía Rodolfo Palomino, por las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario

Están solicitando “el acompañamiento y verificación de la Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas” y que las autoridades penales y organismos de vigilancia y control, inicien en forma inmediata las investigaciones correspondientes.