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Gustavo Gómez


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Judicial

Por peculado denuncian a magistrado ante Comisión de Acusación

Según el denunciante, el magistrado habría aprobado invertir millonarios recursos en capacitaciones para funcionarios judiciales, pero no se habrían entregado en su totalidad.

El denunciado es el magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa. El ciudadano que instauró la denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, afirma que el togado incurrió en un posible peculado, porque habría cambiado la destinación de unos recursos aprobados en la sesión del 23 de julio de 2012

El texto de la denuncia describe que en 2012, cuando el magistrado Correa era el presidente del Consejo Superior de la judicatura, sin aprobación de la sala destinó 1.365 millones de pesos para una capacitación de comunidades indígenas. El ciudadano denunció que el 23 de julio se acordó la destinación de 1.919 millones de pesos que tenían como finalidad capacitar a funcionarios de carrera judicial. Hace unas semanas, varios magistrados descubrieron que ese dinero no fue girado en su totalidad para la capacitación

Dice el ciudadano:“Tras esta aprobación y con el visto bueno de todos los magistrados, el presidente de la sala, magistrado Néstor Raúl Correa, aprobó la destinación de esos recursos de la siguiente forma:1. 280 millones de pesos fueron empleados para contratar servicios de alojamiento, alimentación, auditorios y ayudas audiovisuales para el conservatorio

2. 187 millones de pesos fueron empleados para contratar servicios de transporte aéreo para el desarrollo de la capacitación

3. 42 millones empleados para contratar expertos para conferencias y otros 42 millones más para un módulo de explicación de la temática del concurso”

Con ese argumento, se espera que en los próximos días, la Comisión de Acusación cite al Magistrado Correa para que de las explicaciones sobre el posible hecho punible

En 2012, la Contraloría indicó que investiga al Magistrado Néstor Raúl Correa por un presunto detrimento patrimonial, a raíz de la celebración de 20 contratos para obras de construcción en los palacios de justicia de Manizales, Cali y Mocoa