Privatización carcelaria, una alternativa para varios gobiernos en el mundo

Los polémicos problemas de sobrepoblación y hacinamiento carcelario se han convertido en la principal causa para que distintos países opten por ver en la privatización de los centros de reclusión, una solución y una alternativa de renovación a su sistema carcelario. Un panorama que desde Colombia parecería vislumbrarse también como opción

En los años 80, Estados Unidos incursionó con la instalación del modelo de prisiones privadas bajo la tendencia de la época hacia la privatización de bienes y servicio pertenecientes al Estado, por lo que varios empresarios vieron en este campo la oportunidad para un lucrativo negocio

Así fue como a ritmo lento, se levantaron allí las dos primeras compañías que le apostaron a esta industria, Corrections Corporation of América que ha llegado a administrar más de 60 prisiones en territorio estadounidense, o el Grupo GEO que no solo maneja contratos de materia penitenciaria en EE.UU. (entre estos tiene el contrato de custodia en el Centro de detención de Guantánamo), sino también en Australia, Reino Unido y el Sur de África

Reino Unido también ha tomado parte importante de este negocio, desde 1992 en Inglaterra y Gales, todos los centros de reclusión han sido diseñados, financiados, construidos y administrados bajo el modelo privado, incluso los servicios de libertad condicional se han ampliado ahora a la competencia de los sectores privado y voluntario

Por su parte, en Francia así como se cuenta con una administración pública en un gran número de cárceles, bajo la figura de ‘semiprivadas’ hay 27 prisiones, es decir empresas particulares se encargan de su construcción y prestan servicios al interior de estas, pero la labor de custodia sigue en manos del Estado

El año pasado, a causa del gran problema de sobrepoblación y condiciones inadecuadas para los reclusos en México, el Gobierno saliente del presidente Felipe Calderón anunció la apertura de 8 nuevos centros penales federales, construidos por empresas privadas, las cuales asumirían la operación de los servicios de alimentación, lavandería y limpieza al interior de estas prisiones, que albergarían alrededor de 51.000 reclusos del fuero federal, mientras que la seguridad seguiría en manos de las autoridades gubernamentales

Así mismo, se conoció que el Gobierno federal tendría que pagar año tras año por la construcción y prestación de estos servicios de cerca de 200 millones de pesos mexicanos. Según la Secretaría de Seguridad Pública de ese país, el financiamiento de la edificación de estos centros, sería cobrado en un plazo de 20 años. Al momento solo se han abierto dos de estos centros en México

En Brasil, algunos estados tienen o han tenido prisiones bajo administración privada asumida por empresas de seguridad y organizaciones religiosas. Sin embargo fue hasta enero de este año, cuando se inauguró la primera cárcel construida y administrada por un consorcio privado. El centro penitenciario ubicado en Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais, cuenta con más de 3.000 plazas para reclusos, tuvo un costo de US$137.000 millones y estará bajo concesión por 25 años

Sin embargo de todas, la experiencia más conocida en América Latina está en Chile, donde debido al gran problema de hacinamiento en los centros de reclusión desde 1998, el Gobierno de Ricardo Lagos decidió impulsar un proyecto de modernización del sistema carcelario que abordaba la construcción, equipamiento y mantenimiento de 10 nuevas prisiones de mediana y alta seguridad, con una inversión pública cercana a los 280 millones de dólares y entregados a un consorcio privado, por su parte el Estado asumía la seguridad y la vigilancia en dichos centros. Pero pese a estos esfuerzos, no disminuyeron los costos al sistema público y el costo por interno si aumentó (pasó de 11 a 35 dólares en 2004), además se prevé dentro de poco un déficit para albergar a aproximadamente 2.000 presos