Paro judicial le costó al país $2.000 millones diarios. Se dejaron de atender más de 121.000 audiencias

De acuerdo con un documento del Consejo Superior de la Judicatura conocido por Caracol Radio, el costo aproximado por el cese de actividades que completó veintiocho días, le ha costado a los colombianos $ 60.659.144.000, esto quiere decir que diariamente el paro tiene un costo aproximado de $2.166.398.000

Información reportada por los Consejos Seccionales de la Judicatura, conocida por Caracol Radio, en todo el país; la participación de los despachos judiciales en los Tribunales y Juzgados en el cese de actividades, que comenzó el jueves 11 de octubre del presente año es del 98%

Así mismo, hasta la fecha se dejaron de atender un total de 121.712 asuntos judiciales, incluyendo las audiencias no realizadas con ocasión del cese de actividades

Se conoció que también se dejaron de recibir 37.849 tutelas, lo que quiere decir que diariamente se han dejado de radicar 2.103 acciones de tutela

A nivel general el 15% de la gestión judicial dejada de ejecutar, corresponde a audiencias de control de garantías y el 85 % restante a decisión de procesos en primera

El informe advierte que aproximadamente el 20% de los despachos judiciales pertenecientes a los Consejos Seccionales de Córdoba y Chocó, así como los del distrito judicial de Pamplona se encuentran laborando normalmente

El informe agrega que entre los distritos judiciales que más registran empleados participando en el paro Judicial están Bogotá que reporta un cese de actividades de 532 funcionarios, seguidos de los distritos de Medellín con 332 funcionarios en cese de actividades, Cundinamarca con 273, Antioquia 248, Cali 224, Ibague 209 y Bucaramanga con 299

De acuerdo con el documento, en el paro participaron 3.329 jueces, 257 jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa, 591 magistrados

De igual manera, tan solo 112 empleados se encontraban prestando sus servicios. Es decir que el 2% de los despachos judiciales se encuentran prestando el servicio en condiciones de normalidad, pese a las dificultades de acceso que se presentan en algunas sedes judiciales.