Política

¿Por qué hay elecciones para Gobernador del Valle?

Las elecciones atípicas en el Valle, que permitirán la escogencia del séptimo mandatario en menos de dos años, fueron provocadas por la destitución de Héctor Fabio Useche.

¿Por qué hay elecciones para Gobernador del Valle?

Las elecciones atípicas en el Valle del Cauca, que permitirán la escogencia del séptimo mandatario departamental en menos de dos años, fueron provocadas por la decisión de la Contraloría General de la República que investigó y sancionó al electo Gobernador Héctor Fabio Useche, acusado de detrimento patrimonial con 17 personas, entre ellos el exgobernador Juan Carlos Abadía, en la Industria de Licores del Valle

El detrimento que generó una sanción contra las 18 personas, funcionarios, exfuncionarios, directivos y miembros de la empresa que comercializa licor del Valle del Cauca, fue estimado en más de 47 mil millones de pesos

Useche fue sancionado como miembro de la Junta Directiva de la Industria de Licores, posición para la cual fue designado por el entonces mandatario regional

La investigación por el detrimento patrimonial fue solicitada por el hoy exgobernador Francisco José Lourido quien le pidió a la Contraloría General de la Nación un control excepcional sobre el contrato firmado el siete de abril de 2008 entre la Industria de Licores del Valle y la UT Comercializadora Logística Integral S.A

La Contraloría adelantó una evaluación comercial del contrato investigado y encontró que hubo excesos en planes promocionales, los cuales habrían estado exentos de impuestos, que ocasionaron un impacto en las finanzas públicas que podría haber alcanzado los 59 mil 828 millones de pesos

Los investigadores de la Contraloría encontraron que pudo haberse presentado otro importante detrimento patrimonial relacionado con descuentos a los comercializadores

El organismo pudo establecer que un descuento adicional del ocho por ciento en el precio de venta de los productos de la Licorera del Valle al distribuidor, contemplado en otro sí firmado el 23 de julio de 2010, finalmente ocasionó un detrimento patrimonial de 47 mil 403 millones de pesos

La decisión de la Contraloría General de la Nación provocó una inhabilidad sobreviniente del gobernador Héctor Fabio Useche, quien fue retirado de la posición el 30 de marzo cuando el presidente Juan Manuel Santos encargó del palacio de San Francisco a Aurelio Iragorri Valencia, asesor de su despacho

Ante esa circunstancia el Movimiento MIO por el cual fue elegido en octubre anterior Héctor Fabio Useche, ternó a tres funcionarios regionales para sucederlo

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, designó como mandataria interina el 4 de mayo a Adriana Carabalí, quien se encargará de garantizar la transparencia del proceso electoral que se cumplirá éste domingo primero de julio en el Valle del Cauca

La medida aplicada contra Héctor Fabio Useche, el entonces gobernador Juan Carlos Abadía, el gerente de la Industria de Licores, Donneys Ospina, cobija también a los exfuncionarios Ezequiel Lenis, Juan Pablo Muñoz, Raimundo Tello, Roberto Villamizar, Luis Telmo Rojas, Luis Alfredo García, Luis Humberto Castrillón y Paula Andrea Martínez

Igualmente involucra a Édgar Salazar, Édgar Dorronsoro Tenorio, Empresa Agropecuaria, Empresa Encargo Logístico Integral, Empresa Salazar Transportes Unidos, Empresa Comercializadora Logística Integral, UT Comercializadora, que son representantes y socios de la empresa que distribuye los licores

Héctor Fabio Useche es el segundo gobernador del Valle del Cauca destituido en menos de dos años. Antes lo había sido Juan Carlos Abadía, ambos de los movimientos PIN --MIO --AFROVIDES, que tienen como gestor político en el departamento al exsenador Juan Carlos Martínez, actualmente bajo una medida de casa por cárcel a raíz de una investigación por parapolítica

La remoción de Abadía y Useche, tiene como antecedentes la confrontación con la llamada clase política tradicional, pero también denuncias del hoy exgobernador Francisco José Lourido, quien solicitó la presencia de la Procuraduría General de la Nación, ante la cual denunció los exmandatarios por un contrato de cirugías bariátricas cuyo proceso terminó con una nueva y drástica sanción del Ministerio Público contra los exfuncionarios, en primera instancia

Abadía, recibió la suspensión de sus derechos para ser funcionario públicos por los próximos 17 años, mientras Useche, quien era Secretario de Salud del Departamento, fue sancionado con doce años de inhabilidad como administrador estatal.

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