La ONU sugiere a Colombia una política nacional de exhumaciones

El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, recomendó hoy al Gobierno de Colombia aplicar una política nacional de exhumaciones y que haga público el resultado de las investigaciones realizadas en tumbas que pueden contener los restos de víctimas de ejecuciones sumarias. En un informe que presenta hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, el experto insta a dar a conocer los avances logrados en las exhumaciones y, concretamente, en las investigaciones relacionadas con La Macarena y otros cementerios. Heyns evalúa en su informe el nivel de cumplimiento por parte de las autoridades de Colombia de una serie de recomendaciones efectuadas por su predecesor en el cargo, Philip Alston, tras una visita al país que éste realizó en 2009. Al analizar lo ocurrido desde entonces, Heyns confirma que el Estado adoptó "ciertas medidas para prevenir las ejecuciones extrajudiciales"", entre ellas quince medidas concretas emanadas del Ministerio de Defensa, pero a pesar de esto "se siguen denunciando casos de ejecuciones extrajudiciales y las investigaciones penales y disciplinarias no avanzan". El representante de la ONU lamenta que a pesar de la informaciones que indican que "más de 3.000 personas pueden haber sido víctimas de ejecuciones sumarias directamente atribuibles a las Fuerzas Armadas", el Estado no le haya comunicado sobre el resultado de las investigaciones penales y disciplinarias conexas y tampoco le haya indicado si se habían aplicado sanciones. En este sentido, pide mayores esfuerzos para asegurar la rendición de cuentas de los responsables y una protección eficaz a las víctimas (como familias) y testigos". Además Heyns manifiesta su inquietud por aparentes "represalias y presiones" contra los jueces militares que han intentado colaborar con la Justicia civil y menciona las denuncias según las cuales el órgano militar responsable de defender a los acusados, la Defensoría Militar, ha obstaculizado las investigaciones. Del lado positivo, destaca que un número importante de casos han sido trasladados de la justicia penal militar a la ordinaria, aunque declara su preocupación por los "continuos intentos del fuero militar de hacer valer su competencia". En relación a la administración de Justicia, el relator de la ONU reitera su petición al Gobierno colombiano para que aumente los recursos destinados a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. A los grupos guerrilleros, les acusa de mantener su "desprecio" al derecho internacional humanitario y pide que se redoblen los esfuerzos para proteger a la población civil inocente, así como a los defensores de los derechos humanos.