Multinacionales a la caza

El problema para los mineros, empresarios dueños de los entables y más de 6 mil trabajadores que viven de esta actividad y que ganan entre 800 mil y 2 millones de pesos mensuales es que carecen de títulos y licencias. Hacen arreglos directos con la comunidad y concretan permisos con algunas alcaldías... William Klinger, director del Instituto de Investigaciones del Pacífico, le pide al gobierno una política para la explotación del oro de manera responsable“Hay que aplicar un plan de ordenamiento ambiental que garantice que las áreas que son utilizadas se usen de manera sostenible. Que la producción se fundamente en la riqueza de su patrimonio natural”, señala William KlingerLa ausencia de una política ha permitido que algunas multinacionales interesadas, con concesiones en comunidades indígenas y afros sin consulta previa, se conquisten con el ofrecimiento de dádivas a las comunidades para iniciar sus procesos de exploración. Así lo denuncia el abogado Luis Alberto Luna en Condoto. Estas multinacionales, dice Luna, son la Anglogold Ashanti, Angloamerica, Condoto Platinium, Muriel Company, Voltarantin, y Stracom, entre otras. “Sabemos y conocemos que el Concejo Mayor de Condoto, que debería representar a la comunidad, han hecho de espalda de las comunidades unos consensos multinacionales, en virtud de lo cual tienen prácticamente vendido lo que puede explotarse en las riberas del Río Condoto. Sabemos de una multinacional que tiene el nombre de Stracom”, denuncia LunaOtras no están explotando pero han hecho exploración superficial y avanzan en la búsqueda de recursos en las bolsas de Nueva York y Londres con intermediarios en Bogotá y Medellin“Acá en el Chocó hay un sinnúmero de licencias otorgadas, son ciento y pico de concesiones ya otorgados, el 80 por ciento corresponden a multinacionales mineras, a inversionistas extranjeras que no están explotando pero están haciendo los acercamientos con las comunidades. Estas se han otorgado sobre territorios colectivos de comunidades negras o indígenas sin el lleno de los requisitos legales”, explica Helcies AyalaCesar Díaz, de la Cámara Colombiana de Minería, advierte que al gobierno le ha faltado fiscalización, propone que los mineros se organicen para pagar el pasivo ambiental en el Chocó y se declara esperanzado en una fiscalización que, dice, iniciará el gobierno a través de la adjudicación en los próximos días de contratos por valor de 300 mil millones de pesos

“Al Gobierno nacional le ha faltado una fiscalización objetiva y técnica. Vemos con gran satisfacción que en los próximos meses, por no decir días, el Gobierno va a adjudicar dos contratos por cerca de 300 mil millones de pesos a dos grupos que están concursando en Fonade para hacerle la fiscalización al ciento por ciento del sector minero”, señala Cesar Diaz.