Política

Imputación de cargos a funcionarios de Mininterior por presuntas irregularidades en contrato carcelario

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía imputará cargos a los representantes legales de Cipecol y Rapiscan y a varios funcionarios del Ministerio del Interior que participaron en la liquidación de un contrato salpicado por múltiples denuncias de corrupción. El detrimento habría sido de 37 mil millones de pesos

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía imputará cargos a los representantes legales de las empresas Cipecol y Rapiscan Limitada y a varios funcionarios del Ministerio del Interior que participaron en el proceso de liquidación de un contrato salpicado por múltiples denuncias de corrupción

La imputación de cargos se realizará el 26 de abril y cobija a Diana Isabel Nassif de Rima, representante legal de Cipecol y Rapiscan, a Gustavo Adolfo Domínguez Feris, "lobbista" de contratos con Diana Nassif

También serán imputados José Santiago Porras Navarrete, esposo de Diana Nasiff y socio de la empresa Rapiscan ltda, Mauricio Parada Perilla quien estuvo dentro del proceso de confección de la parte técnica por parte de Fonade, dentro del convenio 150 de 2005 del pliego de condiciones

De igual forma tendrán que responder ante la justicia Aaron Rabinovich representante legal de la firma Interamericana de Sistemas y seguridad S.A empresa que forma parte del consorcio ganador Union Temporal Seguridad Carcelaria, José Vicente Casanova Roa, secretario General encargado del Ministerio del Interior y de Justicia, María Fernanda Alvarez Castañeda como directora técnica de infraestructura del Ministerio y Edgar Mauricio Ortega Ramirez profesional especializado grado 17 del Despacho del Ministro

También fue citado Juan Carlos Carrillo Yañez, quien fue profesional Universitario grado 11 de la planta global ubicado en la direccion de infraestructura quien actuó como supervisor designado a nombre del Ministerio del Interior

En 2009, el Gobierno revocó un contrato para la seguridad carcelaria por evidencias de corrupción en el proceso, pero el Consejo Superior de la Judicatura dejó sin efecto la decisión

Según las investigaciones, se habrían pagado comisiones para realizar maniobras mediante la cual lograron que el Ministerio del Interior y de Justicia le adjudicara un contrato para la seguridad electrónica de 10 cárceles a un grupo de empresas encabezadas por un amigo común, Aarón Ravinovich

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Unidad Anticorrupción, con ocasión de las irregularidades en ese contrato se habría cometido un detrimento patrimonial superior a los 37 mil millonesde pesos.

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