Sesión clave en la OEA sobre la Relatoría para la Libertad de Expresión

Este miércoles en Washington, el Consejo Permanente de la OEA aprobará recomendaciones que podrían recortar el poder de los organismos continentales que protegen los DD.HH., incluyendo el de libertad de expresión

Las recomendaciones serán presentadas por un grupo de apoyo conformado por algunos países miembros de la OEA, incluyendo Colombia, y tratan sobre el papel y la estructura que debería tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es organismo adjunto pero independiente de la OEA que, entre otras funciones, revisa demandas de ciudadanos de América Latina sobre violaciones a Derechos Humanos que no han sido investigadas por sus estados, expide medidas cautelares para proteger a grupos y personas amenazadas, y hace relatorías especiales sobre temas como la libertad de expresión, las libertades democráticas y los derechos de las minorías

Según dijeron fuentes de la Comisión a Caracol Radio, las recomendaciones del Consejo Permanente no son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, el consejo permanente sí podría hacer que estas mismas recomendaciones sean apoyadas por el consejo de cancilleres o incluso por los jefes de Estados que se reunirán el próximo abril en Cartagena durante la cumbre de las Américas

En tal caso, esas sugerencias adquirirían más fuerza, haciendo que, en opinión de varias organizaciones de Derechos Humanos, la Comisión pierda sus dientes para vigilar a los Estados

Pues aunque se trata de reformas que en apariencia buscan fortalecer el papel de la CIDH, según dicen en voz baja funcionarios de la CIDH y de la OEA que prefieren no identificarse, y en voz alta organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y CEJIL, detrás de las recomendaciones hay un claro intento de Gobiernos como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Brasil y Colombia, de limitar el poder de la CIDH

Entre las recomendaciones hechas por el documento público aprobado por el grupo de apoyo, está por ejemplo una propuesta para “incorporar” la relatoría de libertad de expresión, un documento que pone la llaga sobre las violaciones al derecho de los periodistas a informar en países como Ecuador y Venezuela, dentro del informe anual de la Comisión. Una sugerencia en apariencia inofensiva, pero que en el fondo le quitaría la autonomía para financiarse y el alto perfil público que tiene, y que molesta a mandatarios como Hugo Chávez y Rafael Correa.