Justicia

Alcaldía deberá garantizar derechos a familias desalojadas en el sur Bogotá: Corte Constitucional

El presidente de la Corte, Juan Carlos Henao, aseguró diariamente reciben más de 40 mil tutelas y se analizan con prioridad las que violan un derecho fundamental.

Alcaldía deberá garantizar derechos a familias desalojadas en el sur Bogotá: Corte Constitucional

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El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aseguró que la suspensión del desalojo de más de 160 familias en el barrio Molinos de la localidad Rafael Uribe Uribe es una medida provisional. “Lo que la Corte ordenó fue la suspensión inmediata del desalojo. Las autoridades no pueden tumbar las casas que quedan en pie hasta tanto la Corte revise todo el proceso y tome una decisión sobre el derecho de propiedad de la Hacienda Los Molinos”, aseguró Henao. De acuerdo con Henao, el proceso podría tomar entre tres y cuatro meses, y agregó que la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe tiene que garantizarles a todas las familias sus derechos fundamentales

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“El secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolf, me manifestó que se buscarán soluciones para las 90 familias que en medio de este procedimiento perdieron sus casas”, indicó. En caso de que la Corte Constitucional decida que el desalojo fue irregular, el Distrito tendría que volver a construir las 90 viviendas que fueron derrumbadas o reubicar a estas familias. Henao agregó que sólo hasta mediados de noviembre llegaron a la Corte Constitucional las acciones de tutela sobre la titularidad de las 160 casas de la antigua Hacienda Los Molinos. “A la Corte Constitucional llega más de 40 mil tutelas al mes. El proceso llegó muy avanzado y sólo hasta la semana pasada los funcionarios ingresaron luego de las vacaciones judiciales. Estamos solicitando las pruebas para tomar una determinación”, afirmó Henao. Henao explicó que estudiantes de cuarto o quinto año de derecho se encargan de fichar cada una de las tutelas que llegan diariamente a la Corte. “Damos prioridad a las condenas de más de mil millones de pesos al Estado, o la violación de algún derecho fundamental”, aseguró.

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