Orden de la Corte para frenar desalojo llegó cuando ya habían demolido 90 viviendas
La Corte Constitucional tomó medidas cautelares porque hay varias tutelas interpuestas por sus habitantes. La Corte defiende el derecho a la vida digna y la vida de los menores.
La Corte Constitucional ordenó suspender el desalojo que venían desarrollando las autoridades policivas de la ciudad en el barrio la Hacienda Molinos, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el suroriente de Bogotá
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La determinación tomada es de índole provisional, ya que hay varias tutelas en curso en las que varias familias afectadas con la orden de desalojo alegan derechos fundamentales vulnerados como el derecho a la vivienda digna y de protección a los menores
Sin embargo, dicha orden de la Corte llegó cuando la mayoría de viviendas ya habían sido desalojadas, lo que generó protestas de los afectados. Según datos de la alcaldía local, la mayoría de las construcciones ya fueron derribadas y gran parte de los habitantes tuvieron que buscar albergue donde familiares o amigos. En 117 lotes destruyeron 90 viviendas, 45 de ellas estaban habitadas por 37 familias y para facilitar que las familias sacaran sus enceres, la autoridades prestaron camiones para realizar los trasteos
La Corte sostuvo que en este caso de los desalojos hay derechos como el de la vivienda y los derechos de los niños que deben ser protegidos, mientras se fallan de fondo las tutelas que reposan en el alto tribunal
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, dijo que en el trámite de las tutelas se ordenó una inspección judicial para el próximo 23 de enero, para constatar la situación de las personas y verificar la propiedad del terreno
Así mismo se requirió a la empresa de Acueducto y Alcantarillado para que explique quién está haciendo el pago del servicio y así establecer quien está respondiendo por todas y cada una de las viviendas que allí se encuentran
La alcaldesa local de Rafael Uribe, Martha Bolívar, pidió a los organismos judiciales agilizar los procesos para tener decisiones definitivas, pues el tema se ha convertido en asunto de orden público de manejo muy delicado que enfrenó a 200 miembros de la Fuerza Pública, 80 del ESMAD con 300 habitantes del sector
