Condenado el ministerio de la Defensa por la muerte del amenazado alcalde de Jambaló, Cauca

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, a pagar 984 millones de pesos a los familiares del ex alcalde del municipio de Jambaló, Cauca, Marden Arnulfo Betancur Conda, asesinado por guerrilleros del ELN el 19 de agosto de 1996

Dos meses antes del crimen el ex mandatario local había recibido amenazas de muerte por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que lo acusaba de apoyar a las Cooperativas de CONVIVIR y de estar dando a la Alcaldía un manejo Político y administrativo que no compartía el grupo guerrillero

A pesar de las amenazas el día del asesinato de Betancur Conda, cuando se encontraba en la caseta de ferias del municipio de Jambaló celebrando las fiestas patronales, no contaba con el apoyo de ningún miembro de los organismos de seguridad que protegiera su vida, incluso la población estaba desprovista de presencia policial o militar. El Consejo de Estado, señaló que el daño se da por omisión a la Policía y Ejército Nacional, toda vez que esas entidades se encontraban en posición de garantes frente a la protección a la vida e integridad del Alcalde de Jambaló

“La razón de ser de las autoridades públicas y en particular la de la Policía y el Ejército Nacional, la constituye la defensa de todos los residentes en el país y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, omitir el cumplimiento de esas funciones compromete su responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación”, precisó la sentencia

Con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, el Consejo de Estado aseguró que el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos

“Si bien no existió una denuncia formal presentada por el señor Betancur Conda ante las autoridades, para poner en conocimiento las amenazas en contra de su vida o para pedir protección especial con el fin de que le brindaran seguridad, lo cierto es que se probó que la Policía y el Ejército tenían conocimiento de la situación de violencia generalizada en la región, lo cual ameritaba que oficiosamente estas instituciones brindaran protección de manera especial”, indicó la providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.