Hidroeléctrica colombiana busca ampliar proyecto bajo el rechazo indígena

La estatal colombiana Urrá busca ampliar su proyecto hidroeléctrico en el conflictivo departamento de Córdoba en medio del rechazo de los indígenas, que ya han visto cómo se ha inundado su tierra ancestral, y de la acción de guerrilleros y paramilitares

Para mitigar el impacto negativo del embalse que comenzó a operar en 2000 sobre la comunidad aborigen embera, la empresa ha puesto en marcha hasta 19 programas sociales y medioambientales, que siguen sin satisfacer a los indígenas

Urrá I, el proyecto que ya está en funcionamiento, se ubica en Córdoba, un territorio del noroeste de Colombia en el que los grupos paramilitares y guerrilleros han llegado a tomar parte en la disputa entre la empresa y las comunidades

En 1994, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraron a dos ingenieros suecos que trabajaban para la empresa y en 2001 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) asesinaron a Kimy Pernía, líder indígena que se oponía al proyecto

La construcción de la hidroeléctrica inundó 7.780 hectáreas, de las que 417 formaban parte de la zona de resguardo que en el Parque Nacional Paramillo poseen los embera, una tribu que habita esas tierras desde el siglo VI

A cambio, Urrá obtuvo una capacidad instalada de 340 megavatios y una generación de unos 1.270 gigavatios hora al año, suficientes para atender al 2% del consumo anual de electricidad de Colombia

Como consecuencia, 589 familias campesinas fueron realojadas y los embera obtuvieron 12.000 hectáreas adicionales a las 104.000 hectáreas que disponían anteriormente en su zona de resguardo

La empresa se afanó en desarrollar proyectos de conservación de flora y fauna, así como programas de formación, transporte y salud para los indígenas y campesinos

Pero una sentencia de la Corte Constitucional obligó a Urrá a pagar indemnizaciones de 157.848 pesos colombianos al mes (unos 89 dólares) a cada embera afectado, que en un principio eran 2.031 personas y ahora suman 4.735, informó la empresa

"Se están viniendo desde otros territorios porque acá obtienen beneficios", indicó a Efe el antropólogo Miguel Campo, quien trabaja para la hidroeléctrica y quien aseguró que los indígenas no reportan defunciones para cobrar el dinero de los fallecidos

"Fue peor el remedio que la enfermedad", reconoció, por su parte, el gerente técnico ambiental de Urrá I, Rafael Piedrahita

A su juicio, los embera, antaño una comunidad que vivía de la agricultura y de la pesca, se han hecho dependientes del dinero y reclaman más y más a la empresa

Efe observó cómo en un campamento indígena de Tierralta, donde está ubicado el proyecto, los nativos poseen motocicletas, radios, televisores y visten de modo occidental, lo que evidencia cómo han modificado su modo de vida

"Cultura de nosotros no es así, antes nunca hemos visto televisores", afirmó a Efe en un español cortado Cadir Domicó, un embera de 30 años y padre de seis hijos, quien lamenta el cambio sufrido por su pueblo

En términos similares se expresó Ezequiel Domicó, profesor del centro educativo indígena Tuis Tuis, quien también admitió a Efe que los embera están perdiendo "mucha cultura en el vestuario, en la pintura y en el habla"

No obstante, confió en que los 32 niños que educa mantengan su cultura cuando sean mayores

Actualmente se libra otra batalla, la de Urrá por ampliar su proyecto y la de los embera que se niegan a ello, mientras reciben ayudas de la empresa

En 2009 el Ministerio de Medio Ambiente negó a la hidroeléctrica una solicitud de actualización de estudios ambientales para construir el proyecto Río Sinú, conocido como Urrá II y que inundaría 53.000 hectáreas

Actualmente el Consejo de Estado revisa la decisión del Ministerio de Medio Ambiente

"Nosotros vamos a estar luchando para no permitir la construcción de Urrá II", aseveró a Efe el gobernador del cabildo mayor de Sinú, Causilio Restrepo

Si se lleva a cabo el proyecto "va a haber exterminios culturales y de las comunidades indígenas", aseveró Restrepo

El 99% del capital de Urrá está en manos del Estado y el presidente Juan Manuel Santos ha reconocido su aspiración de convertir a Colombia en una potencia energética que exporte electricidad a países vecinos.