Procuraduría destituye e inhabilita a cuatro ex congresistas por parapolítica

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó en inhabilitó por 20 años a los ex congresistas Luis Eduardo Vives Lacouture, Alfonso Antonio Campo Escobar, Jorge Luis Caballero Caballero, y Dieb Maloof. Y absolvió al ex senador Mauricio Pimiento. Según concluyó la Procuraduría, sí se crearon verdaderos “distritos electorales”, donde las autodefensas tenían dispuesto el sometimiento de la voluntad del electorado, la adulteración de los resultados oficiales del día de la votación, y finalmente la victoria de sus propios candidatos. De esta manera se explica que en el sur del departamento del Magdalena aparecieron como “beneficiados” con la votación los excongresistas, Luis Eduardo Vives Lacouture y Alfonso Campo Escobar. En el centro del departamento los señores Dieb Maloof y José Gamarra. Y en los municipios ribereños Salomón Sade y Jorge Luis Caballero Caballero

Dice la Procuraduría que estos datos no solamente fueron corroborados con la declaración de varios testigos, sino también con informaciones entregadas por la Registraduría Nacional, que demostró como las mayorías eran evidentes, estas llegaron a superar incluso el 90 por ciento de los votantes a favor de la formula paramilitar

Añade la Procuraduría que las pruebas aportadas no fueron desvirtuadas de manera alguna, por lo que se toma la determinación de sancionarlos, ya que se evidenciaron pactos previos a las elecciones para el Congreso en marzo de 2002. Sobre la absolución del congresista Mauricio Pimiento, señala que si bien es cierto surgieron algunas pruebas en su contra, no es clara ni existe certeza que él se hubiera aliado con los paramilitares para salir elegido para el periodo 2002 - 2006. “Para la Procuraduría no se ha probado de manera contundente que en el departamento del Cesar, que era el fuerte político del señor Pimiento Barrera, se hubieran creado distritos electorales al estilo de los ocurrido en el departamento del Magdalena”, señala la determinación tomada por el despacho del propio Procurador General.