Gobierno 'suaviza' propuesta de penalizar el consumo de estupefacientes

El gobierno varió su propuesta de ’penalizar' el consumo de estupefacientes y entregó ala Cámara de Representantes un proyecto de enmienda constitucional para combatir la producción y el consumo, enfocando este último como un problema de salud pública

Se busca prohibir el consumo y porte de estupefacientes, acabar el ‘narcomenudeo’ y darle tratamiento médico a los consumidores, dijo el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien radicó el proyecto junto con su colega de la Protección Social, Diego Palacio

Valencia sostuvo que no habrá sanción penal ni prisión para el consumidor, pero el Estado, a través de unos tribunales de tratamiento, ordenará la atención de los enfermos, como una instancia conformada por el sector salud y la rama judicial, que volverá forzosa la rehabilitación del drogadicto

Estos tribunales, con fines preventivos y rehabilitadores, y según lo establezca la ley, establecerán medidas con carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico para quienes consuman dichas sustancias, según Valencia

El proyecto del gobierno tiene una significativa variación por cuanto en cuatro oportunidades anteriores ha presentado al Congreso, sin éxito, propuestas para penalizar el consumo, mediante reglamentación del artículo de la Constitución que consagra el libre desarrollo de la personalidad

En esta oportunidad la propuesta del gobierno está encaminada a adicionar el artículo 49 de la Carta, que habla del sistema de garantías en salud

Las adiciones propuestas son las siguientes:“El porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas con carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico para quienes consuman dichas sustancias. Por decisión de una instancia conformada por el sector salud y la rama judicial, estas medidas podrán estar acompañadas de limitaciones temporales al derecho a la libertad, y se harán efectivas en instituciones adaptadas para los fines propios de la prevención y la rehabilitación. Las limitaciones a la libertad que se llegaren a imponer, no implicarán de suyo la aplicación de penas de reclusión en establecimientos carcelarios

“Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos”