Orden Público

Los desmovilizados de las AUC mantienen sus "estructuras políticas y económicas", afirma la ONU

Los grupos paramilitares que se desarmaron en Colombia mantienen sus "estructuras políticas y económicas", afirmó en Bogotá la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour.

Los grupos paramilitares que se desarmaron en Colombia mantienen sus "estructuras políticas y económicas", afirmó en Bogotá la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour.
La diplomática dijo que desmantelarlas es uno de los "importantes desafíos" que enfrenta el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dentro del diálogo de paz de esta organización con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.
Más de 31.000 paramilitares entregaron las armas en virtud de este proceso, que comenzó a finales de 2002 y terminó a mediados de 2006, y que el pasado diciembre entró en la fase judicial, con la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz, promovida por el Ejecutivo para los responsables de crímenes atroces.
La desmovilización "es un paso importante hacia adelante y se refleja en la disminución del número de violaciones cometidas por paramilitares el año pasado", reconoció la comisionada luego de firmar con el vicepresidente Francisco Santos un acuerdo que prorroga por tres años la oficina de la agencia de Arbour en Bogotá.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCACNUDH) fue establecida en
noviembre de 1996 para que observara, asesorara, cooperara y promoviera los derechos fundamentales.
Su trayectoria será objeto de un "análisis de impacto" por parte de dos expertos internacionales y uno internacional, quienes lo elaborarán y entregarán antes de termine este año, según un acuerdo adicional firmado por Arbour y Santos.
Los documentos fueron formalizados en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), dentro de una visita oficial de dos días de la diplomática que incluyó una reunión, el sábado, con el presidente Alvaro Uribe, además de encuentros con otros cargos y representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
La alta comisionada precisó que en el proceso con las disueltas AUC está "particularmente preocupada por el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", principios de la normativa para el desarme de las AUC.
Además, continuó, "aliento al gobierno a aplicar una política efectiva para la completa erradicación del paramilitarismo, esto es, una política que desmantele todas las estructuras políticas y económicas que mantienen los grupos paramilitares desmovilizados".
"Dichas políticas deben también apuntar a poner fin a todas las actividades ilegales de los paramilitares que no se desmovilizaron, así como a las de los nuevos grupos armados ilegales que surgieron después de iniciado el proceso de desmovilización", sugirió Arbour.
La alta comisionada también ratificó que promover una reconciliación duradera en Colombia exige que todas las partes en el prolongado conflicto armado interno se comprometan con "la construcción de un marco para la paz profundamente arraigado en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".
En este ámbito, dijo que esperaba "progresos en las negociaciones entre el gobierno y los grupos armados ilegales con el fin de superar el conflicto armado", y enfatizó que "en estos diálogos los derechos humanos, el derecho humanitario y los derechos de las víctimas deben tener una prioridad muy alta".

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