En firme la chatarrización de vehículos en Bogotá

El Consejo de Estado dejó en firme el decreto 115 expedido por la alcaldía de Bogotá, que establece el denominado factor de calidad que permite recaudar recursos para proceder a la chatarrización de vehículos de transporte público que deben salir de circulación por ser modelos muy viejos.
El tribunal consideró que el alcalde de Bogotá, tiene las facultades para tomar decisiones que permitan mejorar la movilidad y el tránsito en la capital del país y estimó que el decreto 115 busca mejorar esa movilidad a través de la compra de los vehículos que están para chatarrizar.
Actualmente los transportadores de la ciudad han dejado de pagar cerca de 100 mil millones de pesos por concepto de chatarrización, y solo unas pocas empresas , han entregado recursos por 26 mil millones de pesos.
La sección primera del tribunal consideró que dentro de la política de replanteamiento del transporte público en Bogotá, el factor de calidad destinado a la compra de vehículos que formen parte de la sobreoferta, “es importante y determinante”.
El magistrado Rafael Ostau de Lafont, quien fue el ponente de la decisión, explicó que el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, actuó de manera adecuada, al expedir el decreto 115 de 2003, porque en este caso el factor de calidad se ajusta al concepto de la tarifa del transporte público.
Ostau de Lafont indicó que la chatarrización “es un componente económico que en los países modernos se le endilga al ciudadano como una carga de solidaridad frente a los deberes que tiene con el Estado”.
El decreto 115 de 2003 establece el pago de una tasa de 17 pesos por cada pasaje en el transporte público, destinados al factor de calidad, para facilitar la compra de los vehículos de transporte con varios años de antigüedad.
De acuerdo con la sentencia, el decreto que obliga a los transportadores al cobro de chatarrización, siempre estuvo vigente, y deberá seguir siendo aplicado por el alcalde Luis Eduardo Garzón.
Según la Contraloría Distrital, hasta el 31 de enero de 2007, los gerentes de 66 empresas transportadoras debían más de 120 mil millones de pesos, que debían consignar en dos fiducias, destinadas a la chatarrización de los vehículos.