Congresistas sindicados de paramilitarismo podrían ser beneficiarios de Ley de Justicia y Paz

El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, le dijo a los tres congresistas que deben entregarse "sin condiciones" y aseguró que los senadores Alvaro García, Jairo Merlano y el representantes a la Cámara Erick Morris no podrían ser cobijados con la ley de justicia y paz.
Una propuesta en tal sentido, que abrió un debate en Colombia, la habían planteado ex senadores y juristas. Mientras unos dicen que la Ley de Justicia y Paz es posible para los congresistas, otros la descartan porque no se desmovilizaron y para ser beneficiados con está ley debían haber manifestados antes que pertenecían a grupos paramilitares.
Sin embargo, el ministro sostuvo que la decisión la tiene finalmente la justicia que es la encargada de aplicar la Ley de Justicia y Paz.
La posibilidad de aplicar dicha norma a los legisladores también genera una gran polémica en el escenarios político.
El vocero del Partido Liberal en la Cámara de Representantes, Guillermo Rivera, señaló que no comparte la tesis porque los políticos no hicieron parte de la lista de elegibles de algún grupo paramilitar. Además, considera que por la condición de congresistas el órgano que los investiga es la Corte Suprema y la ley de justicia y paz opera con fiscales y tribunales especiales.
Mientras tanto, el representante Wilson Borja, vocero del Polo Democrático en la Cámara, dijo que tal como está concebida la Ley de Justicia y Paz, sí se le puede aplicar a los tres congresistas sindicados de nexos con el paramilitarismo.
Según explicó el representante de izquierda, "si un jefe paramilitar como Salvatore Mancuso o "Diego Vecino" o "Jorge 40" dice que tenía efectivamente relación con alguno de los tres políticos y ellos también lo confiesan, podrían ser beneficiados con la ley de justicia y paz"
El ex senador Rafael Pardo, conocedor de la Ley de Justicia y Paz conceptuó que los políticos no cumplen con los requisitos que se necesitan para acogerse a la norma que son: estar postulado por el comandante del bloque en una lista y que esa lista sea aceptada por el gobierno.
Sin embargo, explicó el ex senador que el gobierno podría decidir si los beneficia o no con la ley, una vez ellos mismo decidan confesar que sí fueron paramilitares.
La implicación de que a los tres políticos se les aplique la Ley de Justicia y Paz es que pagarían solo ochos años de cárcel y, además, tendrían que hacer una confesión plena y reparar a las víctimas con sus bienes lícitos