Fiscalía llama a juicio a 14 directivos de Chiquita Brands
Habrían estado comprometidos en el proceso de financiación de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló sobre la decisión que tomó el organismos frente a la multinacional Chiquita Brands investigada por financiar grupos paramilitares.
"El fiscal del caso ha tomado la resolución de acusar formalmente a 14 directivos de Chiquita Brands que presuntamente habrían contribuido a financiar a los grupos armados irregulares paramilitares en el Urabá Antioqueño. Eso no tiene antecedentes", dijo Martínez en Caracol Radio.
El fiscal señaló que los terceros que financiaron la guerra, es un capítulo de 30 años de impunidad en Colombia.
"He dicho que eso no va a quedar así. Los terceros debían ir a la JEP, así estaba en el Acuerdo de Paz, pero el fallo de la Corte Constitucional dijo que no, que tienen que ser objeto de investigación de la Fiscalía. Nos dejaron una partecita del conflicto armado, los financiadores de la guerra", agregó.
Sobre el escándalo de las chuzadas ilegales que estarían haciendo oficiales en retiro y por el cual se produjeron varias capturas, el fiscal reveló que existió una intención de espiarlo.
“Empresas intentaron incluso pagar interceptaciones que me afectaban. La banda que se desarticuló en Cali ofrecía estos servicios y mucha gente del empresariado colombiano, de la política colombiana estaban ofertando”, dijo Martínez.
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Frente a la carta que enviaron dirigentes del fútbol colombiano para que se abra una investigación sobre las supuestas interceptaciones ilegales que denunció Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor.
“Es doloroso que agentes del Estado hayan utilizado una red de interceptaciones ilegales para acceder a información reservada”, indicó.
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Afirmó que su despacho viene trabajando en la lucha contra la corrupción y puso de ejemplo los contratos que se tienen en la mira por $4.3 billones.
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Reconoció que la libertad de muchos presuntos delincuentes que recobran la libertad genera inseguridad entre los colombianos pero la realidad es que juicios de un año no es posible.
Añadió que hay un mecanismo perverso de dilatar y dilatar para que los implicados en diferentes delitos queden en libertad o en muchos casos en la prescripción de los procesos como ha sucedido en Interbolsa.
El fiscal manifestó que le propuso al presidente Iván Duque de crear una batería de jueces anticorrupción que se puedan mover en los diferentes procesos a nivel nacional.
Frente al caso del crimen de la Gobernación de Cundinamarca se está intentado buscar un acuerdo de colaboración para que revele quienes son los implicados en el crimen.
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También presentó un balance de la compra de votos, los casos de prostitución en la ciudad de Cartagena y la compra de llamadas o denominadas chuzadas.
El 48% de los homicidios en lo corrido del año son cometidos por sicarios debido a una lucha entre las bandas criminales para dominar los territorios del narcotráfico en el país, confirmó el fiscal general.
Dijo que el panorama es muy complicado al punto que la tasa de crecimiento de este delito es del orden del 150% y de ahí la importancia de combatir este flagelo en el país.
De acuerdo con el fiscal general de la Nación el aumento de los crímenes nos está expropiando la paz que tanto anhelo que teníamos todos los colombianos.
Reconoció que en las zonas del narcotráfico hay presencia de un grupo importante de integrantes de los carteles de México, cuya alerta fue hecha al Gobierno Nacional años atrás sin que se tomaran las medidas correspondientes.
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Martínez Neira dijo que si Colombia no coopera en la lucha contra el narcotráfico es muy factible que Estados Unidos pueda revisar las relaciones con el país.
Explicó que la situación es muy compleja porque las plantaciones de coca ya superan las 200.000 hectáreas y nadie se ha detenido a revisar que está pasando con las plantaciones de marihuana cripy.
Por ello, estimó que se hace imperativo fortalecer la lucha contra el narcotráfico para evitar que Estados Unidos pueda poner en el radar las relaciones diplomáticas con Colombia.
