Los cinco reparos del fiscal general a fallo de la Corte sobre la JEP

Darcy Quinn, en sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, reveló detalles de la carta de Martínez en la que declara que la entidad queda maniatada ante la suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados, y expresa dudas sobre la competencia para conocer del narcotráfico como delito de ejecución permanente, entre otros puntos.

También de los delitos que se conocen como continuados, es decir que se prolongan después de la firma del acuerdo de paz. Se supone que eran de competencia de la Fiscalía, pero en criterio de la Corte Constitucional pasaron a la Justicia Especial para la Paz.

Así las cosas en criterio del fiscal Néstor Humberto Martínez “haría imposible la judicialización de los reintegrados de las Farc que tenga cultivos ilícitos, almacenen estupefacientes o destinen inmuebles para este fin” porque la Fiscalía no tendría competencia hasta que la Jep discutiera caso por caso a ver si puede ser de la justicia ordinaria.

“La Fiscalía tiene certeza que la Corte no abriga la posibilidad de que los desmovilizados pueda seguir delinquiendo indefinidamente, en delitos de narcotráfico”.

La Corte Constitucional estableció que “no se podrán ordenar la citación a la practica de diligencias judiciales”, un procedimiento que según el fiscal dejaría sin herramientas a la Fiscalía de cara a las investigación que siguen en curso en el ente acusador.

Para la Fiscalía mientras la Jep asume todos los casos las diligencias que están pendientes como entrevistas, interrogatorios, indagatorias o imputación de cargos, quedarían suspendidas.

El Congreso dejó claro en la ley estatutaria de la Jep que no se podrá renunciar a la acción penal en el caso de graves crimines cometidos en el marco del conflicto, pero en las decisiones de la Corte Constitucional, según el fiscal, esa condición se modificó.

Para la Fiscalía dejar la carga solo en los máximos responsables deja por fuera al resto de agentes del conflicto, lo que podría abrir la puerta a la Corte Penal Internacional.

Una de las condiciones para recibir los beneficios de la Justicia Especial para la Paz era contar la verdad y comprometerse a no delinquir, sin embargo la Corte considero que la palabra “todos” desconoce algunos derechos y por eso lo declaró inconstitucional.

Así la cosas queda en vilo la competencia de la Jep y la Fiscalía en caso de que un reintegrado reincida en un delito, según la Corte, podría continuar con los beneficios de la justicia transicional.

El fiscal advierte que modificaciones al mecanismo de extradición podrían dejar graves consecuencias para Colombia en materia de colaboración internacional.

Por ejemplo perder la posibilidad de materializar circulares rojas de Interpol, impedir la judicialización de reintegrados solicitados en extradición y además que otras autoridades diferentes de la Fiscalía, pueden ordenar la libertad de capturados con fines de extradición.