Malo sí era parte de una organización criminal: congresista investigador
El representante Edward Rodríguez afirmó que se movieron millonarias sumas de dinero para alterar procesos y favorecer a aforados
Malo sí era parte de una organización criminal: congresista investigador
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Gustavo Malo
Tras una paciente investigación y recopilar más de 100 pruebas testimoniales se pudo comprobar que el magistrado Gustavo Malo hacía parte de una supuesta organización criminal, aseguró el Representante Investigador, Edward Rodríguez.
En diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio señaló que se le va acusar por los presuntos delitos de: concierto para delinquir, prevaricato por acción y por omisión, cohecho y utilización de asunto sometido a reserva.
Confirmó que el día de ayer se radico ante la secretaria el escrito que calificó el mérito de la instrucción que se adelanta en contra del magistrado Gustavo Malo.
Manifestó que de otra parte se su momento se va a compulsar copias en contra de algunos magistrados y exmagistrado que han sido mencionados en el 2008 para que se investigue su actuación al parecer por alguna corrupción presuntamente política.
Sin embargo, se abstuvo de dar a conocer los nombres para no afectar la investigación que se encuentra en la actualidad en marcha.
El Representante a la Cámara afirmó que el próximo jueves se convocará la comisión para que tenga conocimiento de esta ponencia que ya se radico.
“El doctor Malo Fernández hacia parte de una organización criminal encaminada a favorecer procesos de única instancia que se tramitaban en la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia”, subrayó.
Por ello, solicitamos que se le acusara por concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por acción o por omisión y la utilización de asunto sometido de reserva.
Indicó que queda probado que hacia parte de “una organización criminal con funcionarios públicos como particulares se concertaron para afectar ilegalmente procesos de aforados que se tramitaban en la sede de la Corte Suprema de Justicia”.
Finalmente, comentó que se pudo establecer que hubo un pago de $ 2.000 millones y otro de $600 millones para que el proceso no continuará su trámite natural con el fin de evitar su trámite o no se impartiera una orden de captura.
