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DARÍO ARIZMENDI | Lunes a viernes 4:00 A.M. - 12:00 M.

Santos debería renunciar a la prescripción de los presuntos delitos en la campaña 2010

Lo dijo el magistrado Armando Novoa, del CNE, quien hoy pedirá a la Sala Plena que se abra una investigación.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Armando Novoa, dijo que en aras de la transparencia el presidente Juan Manuel Santos debería renunciar a la prescripción de los presuntos delitos que se habrían cometido en la campaña del 2010.

El magistrado del CNE consideró que el jefe de Estado debe ser consecuente con su declaración frente a los hechos que fueron reconocidos por Roberto Prieto, de manera que “su siguiente paso es que renuncie a la caducidad de la acción investigativa de la campaña correspondiente al año 2010, aunque el CNE podría iniciar esa investigación de oficio en relación a esa campaña”.

Para el magistrado Novoa, “la figura de la caducidad de la acción disciplinaria es una medida garantista frente al investigado y este puede, en aras de la verdad, la transparencia de los procesos que son sujetos de investigación, renunciar a la caducidad, que es a lo que yo invitaría al señor presidente que hiciera”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el código administrativo establece que pueden prescribir los hechos 3 años después de ocurridos, lo que sería el caso que se registra por lo menos con la campaña Santos Presidente 2010.

Para Novoa, sin embargo, se puede usar la Ley de Garantías Electorales, que es una norma especial y “que regulo de manera especial” el proceso electoral presidencial.

“El CNE puede, en cualquier momento, reabrir investigaciones y hacer auditorias sobre los reportes de ingresos y gastos”, explicó, para proteger el principio o la regla democrática, el sufragio electoral y la transparencia de los procesos electorales.

En este sentido llevará a la Sala Plena de este miércoles una proposición para abrir formalmente una investigación al proceso electoral de la presidenciales del 2010.

Finalmente explicó que hay tres conductas o violaciones a la ley electorales que se pudieron configurar, teniendo en cuenta que en primer lugar el artículo 109 de la Constitución establece que no se puede recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras.

Además si se recibieron por distintas fuentes, hubo un ocultamiento de información, y se pudo haber producido además una violación a los topes de financiación de las campañas.