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Los indígenas escogen a los operadores y los políticos usufructúan.

Los habitantes afirman que el gobierno no ha llegado con soluciones integrales para La Guajira.

La debilidad institucional, el fenómeno de El Niño, otros factores ambientales como la ausencia de fuentes hídricas, además del cierre de la frontera con Venezuela y una visión del mundo de los wayuú y otros pobladores de La Guajira, a través de la cual validan prácticas de la ilegalidad; está terminando por alimentar un círculo perverso de políticos y autoridades indígenas que tienen en la contratación de operadores parte de sus ingresos.

El gobierno nacional ha venido suministrando agua a los pobladores del norte de La Guajira y se espera que el martes haga entrega de 10 pozos. Pero advierten una enorme dificultad para trabajar con las autoridades locales. Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, explica que la misma población wayuú exige que los distribuidores sean contratistas escogidos por ellos.

"Hay peleas entre las mismas comunidades para que los carrotanques lleven el agua a unos u otros. Si nos es con las personas que ellos quieren no dejan prestar el servicio, no importa si ponen en riesgo la vida de una persona", advierte el ministro.

Sin embargo para los habitantes, el gobierno no ha llegado con soluciones integrales.

Tania Galván Arpuchana, concejal de Manaure en 2006, líder de la comunidad Wimpiraren en la Sabana, compuesta por más de 150 familias, dice que incluso en la zona urbana donde vive debe comprar el agua para la semana. "Hay que comprar 100 mil o 150 mil pesos para unos 8 días".

La de Tania es una familia de explotadores de las salinas de Manaure que han visto afectados sus ingresos por el cierre de la frontera. Reconoce que ahora hay más programas estatales que antes pero las ayudas han terminado en otro problema.

"Las mujeres no se dejan ver de los ginecólogos porque temen que les vayan a poner una inyección o les den una pastilla para no parir más porque dejarían de recibir los kits de alimentos que solo dan al niño menor de 0 a 4 años".

Denuncian también que hay abusos en el sistema de salud. El hospital de Manaure, donde el deterioro de su infraestructura muestra la imposibilidad de atender con mínimos esperables. Las IPS están bajo control de políticos y autoridades indígenas como es el caso de la que dirigen Sixto Aguilar y Alex Deluque que tiene ahora más de 25 mil afiliados.

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