Human Rights Watch afirma que las FARC y el ELN mutilan al pueblo colombiano con las minas antipersona.

Aunque no es el primer informe que revela el uso de las minas antipersonal por parte de la guerrilla -otras ONG ya lo han hecho en el pasado-, sí se considera uno de los más exhaustivos. Colombia tiene uno de los índices más altos registrados en el mundo de heridas y muertes anuales causadas por estas minas y, aunque la mayoría de las víctimas son militares, centenares de civiles mueren o quedan mutilados al encontrarlas en el desempeño de sus actividades, dijo HRW.

"Al usar minas antipersonal, las FARC están mutilando y dejando ciegos, sordos o sin vida a civiles colombianos que no participan en modo alguno en el conflicto", se quejó José Miguel Vivanco, director para las Américas del grupo defensor de los derechos humanos. "Jurídica y moralmente, no hay excusa que justifique el uso de estas armas indiscriminadas y brutales", agregó.

El informe está elaborado según decenas de entrevistas realizadas por HRW en septiembre y octubre de 2006 a sobrevivientes, trabajadores de salud y expertos en organizaciones no gubernamentales, entre otros. Aunque reserva sus mayores críticas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Nacional de Liberación (ELN) también destaca las deficiencias en los programas de asistencia del gobierno colombiano para las víctimas.

Así, el informe destaca que "mientras en el papel los programas de asistencia parecen relativamente buenos, en la práctica presentan varios problemas", como la escasa información sobre los beneficios disponibles y cómo acceder a ellos. Sin ofrecer detalles, el informe señala que las FARC han incrementado el uso de las minas antipersonal desde 2000 en parte, según el gobierno, para frenar el ingreso de los militares a zonas bajo su control.

Por otra parte, HRW destacó que, más allá de las lesiones físicas, los afectados por estos explosivos suelen sufrir de problemas de salud mental, pierden la capacidad de trabajar y mantener a sus familias, y muchos terminan abandonando sus hogares o dependiendo de limosnas. Entre sus recomendaciones, HRW pidió que las FARC, el ELN y otros grupos armados irregulares cesen de inmediato el uso o producción de las minas antipersonal, y de armas "indiscriminadas" como las bombas de cilindros de gas.

También instó al Gobierno de Colombia a que corrija las deficiencias burocráticas en los programas de asistencia, para que las víctimas reciban la ayuda y asesoramiento que necesitan. Además, pidió que los actores internacionales ayuden a los sobrevivientes y promuevan el fin del uso de estos artefactos. HRW ha sido objeto de críticas porque buena parte de sus informes están dirigidos a denunciar las violaciones de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Este informe de HRW, sin embargo, "intenta dejar claro que su trabajo es equilibrado y ecuánime, igualmente duro con ambos lados del conflicto armado en Colombia", dijo a Efe Michael Shifter, analista del Diálogo Interamericano. El uso de minas antipersonal está prohibido por el gobierno colombiano y por el derecho internacional. Colombia ha recibido ayuda de diversos países industrializados y organismos internacionales para asistir a las víctimas y para las tareas de desminado.

El informe, que incluye fotos de mutilados y anécdotas de sobrevivientes, fue divulgado mientras el gobierno de Bogotá mantiene una perenne ofensiva política para lograr que el Congreso de EE.UU. respalde la fase dos del Plan Colombia contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.