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Concejo de Bogotá

$5 mil millones costó el alquiler de camionetas para Concejales de Bogotá

El gasto lo asume el distrito porque los cabildantes “tienen problemas de seguridad”. Un decreto indica que no tendrían derecho a vehículos blindados.

$5 mil millones costó el alquiler de camionetas para Concejales de Bogotá

$5 mil millones costó el alquiler de camionetas para Concejales de Bogotá(Twitter: @ConcejoDeBogota)

Aunque el actual Concejo de Bogotá está a pocos días de terminar labores ya que el 1 de enero se posesionarán los nuevos cabildantes de la capital del país, hay una gran polémica por el valor de los convenios que adelanta la Unidad Nacional de Protección y que en cuatro años suman más de $20 mil millones.

El más reciente se firmó por $5.500 millones y el concepto es el alquiler de 45 camionetas blindadas con blindaje Nivel III para la protección de los Concejales porque extrañamente pasaron de un nivel de riesgo ordinario a extraordinario y por esa razón se les está ofreciendo el servicio de protección. 

Pero adicional a la camioneta blindada, los Concejales cuentan con esquema de seguridad conformados por la Unidad Nacional de Protección y en otros casos de la Policía Nacional. Por esa razón el representante a la Cámara David Racero, está prendiendo las alarmas por el gasto innecesario que se está haciendo en el distrito.

“Los concejales no tienen riesgo extraordinario asociado a su cargo y el decreto 1066 del 2015 lo respalda. No son funcionarios como ministros, congresistas o fiscales que la ley los contempla como funcionarios con riesgo asociado a su cargo”, dijo Racero.

Justamente ese decreto dice que “La protección de personas en virtud del cargo. Son personas objeto de protección en virtud del cargo. 1. Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar. 2. Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar. 3. Los Ministros del Despacho. 4. Fiscal General de la Nación. 5. Procurador General de la Nación. 6. Contralor General de la República. 7. Defensor del Pueblo en el orden nacional. 8. Senadores de la República y Representantes a la Cámara. 9. Gobernadores de Departamento. 10. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. 11. Alcaldes distritales y municipales”.

La norma evidencia que los concejales no tienen derecho a la protección en virtud del cargo, es decir, si tienen riesgo o amenaza alguna deben darla a conocer a las autoridades pero no contar con las camionetas blindadas y esquemas de seguridad como derecho adquirido.

“Los Concejales de Bogotá tienen un riesgo ordinario como cualquier colombiano, así que si quieren una camioneta blindada tienen que hacer los trámites para solicitarla y demostrar cuál es el riesgo que tiene. Nos damos cuenta de que los concejales de Bogotá no tienen riesgo alguno ni amenaza, esto se demuestra en distintos informes y documentos, por ejemplo de la Defensoría del Pueblo y la Policía Metropolitana en donde queda claro que no hay amenazas en contra de ellos”, explicó Racero.

La polémica está sobre la mesa ya que la Unidad Nacional de Protección no ha explicado por qué se les están dando esas camionetas blindadas a los Concejales si el riesgo extraordinario, al parecer, no existe.

“Lo que queda claro es que la Unidad Nacional de Protección les está dando estas medidas de manera extraña para sustentar un contrato de más de cinco mil millones de pesos anuales que hace esa entidad con la alcaldía de Bogotá. La ley no los cobija, así que deberían regresar esos esquemas”. 

Lo curioso es que el convenio está firmado por 45 camionetas, pero como es sabido Juan Carlos Flórez, nunca ha aceptado ese vehículo y sus desplazamientos los hace como cualquier colombiano. Por ahora, se desconoce esa camioneta que estaría sobrando en manos de quién está . 

El alquiler de cada camioneta cuesta aproximadamente $11 millones mensuales y la polémica se da días después de que el propio director de la UNP Pablo Elías González, manifestara en el Congreso que no había más carros blindados en el país para proteger, en su momento, candidatos y líderes sociales.

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