Corte ordena a juez de Tunja revisar pruebas por amenazas a Gustavo Petro
Tendrá que decidir la legalidad o no del material probatorio hallado por la fiscalía, en medio de la investigación a los responsables de las amenazas.
Corte ordena a juez de Tunja revisar pruebas por amenazas a Gustavo Petro(Colprensa/Archivo)
Tunja (Colombia)
La orden dada por la Corte suprema de justicia tiene que ver con un conflicto de competencia que se presentó en medio del proceso que se lleva a cabo para establecer responsabilidades, tras las amenazas hechas a Gustavo Petro a través de la red social de Twitter, para la época en la cual era candidato a la presidencia de la república en la pasada contienda electoral.
El juez tercero penal de control de garantías de Tunja, Carlos Eduardo Bohórquez se había negado a valorar la legalidad de las pruebas recopiladas en una Tablet, un disco duro y 2 computadores miniportatiles, dispositivos adquiridos luego de un allanamiento a la vivienda de Roberto Carlos Díaz Bedoya, en Bello (Antioquia), el presunto autor de las amenazas virtuales al político.
Según el ente acusador, las pruebas serían clave para esclarecer los responsables de las amenazas al político, y por eso necesitaban legalizarse antes del 19 de noviembre del 2018.
Debido a que el fiscal del caso se encontraba en Tunja de forma circunstancial, y para evitar un vencimiento de términos, solicito al despacho del juez Bohórquez evaluar la información, quien rechazó la solicitud argumentando que no era de su competencia adelantar el control de las pruebas en cuestión, y elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, para que determinara a quien le corresponde en este caso, el conocimiento del proceso.
La Sala de Casación Penal de La Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, resolvió el conflicto de competencia y ordenó el envío inmediato de las diligencias a ese despacho judicial de Tunja, para que continúe con el trámite de la actuación.
Así las cosas, el juez de la capital de Boyacá, tiene la obligación de fallar en los próximos días la legalidad o no de las pruebas en cuestión recaudadas por la Fiscalía en el departamento de Antioquia.
