Rifirrafe entre Fenalco e IDU por valorización

En el Acuerdo de Valorización firmado por el alcalde Mayor de Bogotá quedó estipulado que el plazo máximo para asignar el monto distribuible de la valorización es el último día hábil de 2018, sin embargo, la Administración Distrital no ha cumplido con un requisito obligatorio contemplado en la Constitución Colombiana que dice que el Estado debe facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, aseguró que “es evidente que no se dieron los mínimos de procedimiento y participación ciudadana para que el IDU pueda, antes del último día hábil de diciembre de 2018, llevar a cabo la asignación del monto distribuible de la contribución de valorización. En caso de hacerlo sería inconstitucional”.

El funcionario agregó que es necesario tener en cuenta que el proyecto de valorización presentado por la Administración al Concejo, contemplaba desconocer, vía su derogatoria, tales derechos de orden constitucional, como se aprecia en el artículo 28 de tal proyecto:

“Artículo 28. - Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los artículos 5, 14 al 41, 53, 54, y 57 al 59 del Acuerdo Distrital 7 de 1987, el Acuerdo Distrital 451 de 2010, y las demás disposiciones que le sean contrarias.”

Sin embargo, el Concejo de Bogotá no aprobó dicha derogatoria. Y el artículo 25 sobre vigencia quedó de la siguiente manera:

“Artículo 25.- vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Acuerdo Distrital 451 de 2010, y las demás disposiciones que le sean contrarias.”

En todos los sentidos el Gobierno Distrital debe cumplir con el deber de garantizar la participación ciudadana antes de emitir disposiciones frente a la valorización. Es por esto que el gremio de los comerciantes presentó ante el IDU un Derecho de Petición solicitando los planes de acción sobre cómo la ciudadanía ha participado activamente teniendo en cuenta que el Consejo de Estado aseguró que la participación ciudadana es “fundamental, en tanto hace democrática la determinación de la contribución”. 

Por su parte, el IDU respondió con el siguiente comunicado:

El Instituto de Desarrollo Urbano se permite informar que:

Con la expedición de la Constitución de 1991 y la Ley Estatutaria 850 de 2003, por la cual se regulan las veedurías ciudadanas, perdieron vigencia las normas del Acuerdo 7 de 1987 que regulaban la forma de participación de los ciudadanos en el proceso de distribución y asignación de la contribución de valorización. Esto significa que el IDU no está incumpliendo o violando ningún derecho constitucional a la participación ciudadana.

El Acuerdo 724 de 2018 que asigna un cobro de valorización por beneficio local, le permite al IDU asignar el monto distribuible según lo establecido. Este acuerdo contempla todos los requisitos para hacerlos, los cuales han sido cumplidos a cabalidad por el Instituto.

Ahora bien el Acuerdo 724 de 2018 de valorización indica que será la Secretaria Distrital de Gobierno en coordinación con el IDU, los que creen un plan de veedurías ciudadanas que permita propiciar la participación ciudadana.

Pese a no ser un requisito para hacer la asignación del monto distribuible, este es el balance de socialización de este acuerdo en su primer etapa:

1. Por primera vez se socializan los proyectos de valorización desde la etapa de estudios y diseños, antes de ser aprobado el Acuerdo.

2. Se tuvo en cuenta las opiniones de la ciudadanía para hacerle modificaciones al Acuerdo. Ejemplo se excluyo el eje San Francisco.

3. Se incluyó en el Acuerdo procesos de veedurías ciudadanas.

4. El IDU realizó mas de 100 espacios de diálogo ciudadano, donde participaron más de 3.103 ciudadanos. E Informamos a más de 48.100 ciudadanos a través de piezas de divulgación e información y acciones en calle