Ahogados en el silencio

Cartagena de Indias

El fallo de la Corte Constitucional que limita el valor decisorio de las consultas populares y de los municipios en la explotación del subsuelo, el anuncio de desregulaciones ambientales y reforma a las consultas previas, obliga a estar alerta ante el mayor centralismo y la imposición de decisiones que son esencia del modelo empresarial.

Cierto que el subsuelo es del Estado pero los gobiernos locales hacen parte de él y desconocerlos al igual que la participación ciudadana, no enaltece la democracia que estamos construyendo ni la sostenibilidad ambiental.

En nombre de la inversión vuelven a exaltar las concesiones, la extracción de recursos minero energéticos, la posibilidad del fracking y de sacar el oro protegido en los páramos, las concesiones madereras deforestadoras, el riesgo para el agua y las especies.

Preocupa que aras de acelerar inversiones propongan aumentar el poder de la Anla centralizando todas las autorizaciones de proyectos del orden nacional.

Este clima agudiza la amenaza de dragado de los corales de Varadero, y es un mal síntoma la no respuesta a la petición de protegerlos enviada al presidente Duque.

No pensé que capturada la carta en el departamento de la Presidencia la repartiría entre los entes implicados, y que la respuesta sería de funcionarios sin ninguna capacidad decisoria.

Repliqué al nuevo jefe de la Anla que el “coordinador del grupo de respuesta a solicitudes prioritarias”, evadió y mintió en la corta misiva dada en su nombre al afirmar que, “a la fecha no se ha presentado solicitud de modificación de la Licencia Ambiental para la Ampliación (Variante) del Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena.”

El 7/12/16 otro funcionario (e) con radicado No 2016081708-1-00 respondió a Aqua&Terra “sobre la aplicación de Términos de Referencia para la elaboración del EIA del proyecto “Modificación de la Licencia Ambiental para la ampliación de la variante del canal de acceso a la bahía de Cartagena”.

En mi “hamaqueada” carta, quise enterar al presidente de la inviabilidad del proyecto liderado por un sector del Estado y los portuarios, porque de ejecutarse impactaría gravemente el arrecife coralino de Varadero, una probada riqueza natural de la Nación. Y de priorizar el interés individual el Gobierno violaría los artículos 8 y 79 de la Constitución y, como el alacrán, destrozaría la política ambiental de este país. Dragar una parte destrozaría el todo, un delito de “lesa oceanidad”.

No se vale ahogar en el silencio que Invemar entregó el informe Técnico que obliga al presidente y la Anla a desmontar ese negocio. Sintetizo la conclusión final:

El arrecife es una formación coralina con características particulares y buen desarrollo de grandes colonias masivas y alta cobertura de coral, alta biodiversidad, de especies amenazadas (15) y de interés comercial. Varadero es importante para la conservación y la ciencia.

Urge definir estrategias de manejo, entre ellas aumentar el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo ya que su límite norte pasa por la mitad del arrecife, lo que genera incertidumbre acerca de la utilidad de medidas de manejo de esa AMP para el arrecife coralino como un todo.

Se aportan insumos de información claves para incluir el Arrecife Varadero en una medida de conservación urgente. El art 207 de la ley 1450/11 ordena proteger los arrecifes de coral de todas las zonas marinas y prohíbe algunas actividades en ellos. Varadero se incluirá en el Atlas.

¿Tendremos que salir a protestar?