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Mineros de Anorí, Antioquia, protestan por operativos del Ejército

Dos marchas se han programado para solicitar que se cree una mesa de diálogo y se pare la quema de maquinaria.

Debido a los últimos operativos del Ejército Nacional donde han destruido maquinaria en el municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, los pequeños y medianos mineros, han señalado que están perjudicados, por lo que han programado dos protestas en esta población.

Euclides Granda, presidente del Comité minero de Anorí, dijo en Caracol Radio, que los están solicitando es una mesa de diálogo y que se frenen los operativos de las autoridades en la zona.

“Queremos es pedirle al Gobierno Departamental y Nacional que nos den una mesa, para tratar todos esos temas y la problemática minera, y que detengan esos operativos contra la minería informal, que no es ilegal sino que no ha sido formalizada por falta de atención del Gobierno”, señaló Euclides Granda.

El líder minero aseguró que está afectado prácticamente todo el municipio, debido a que es la principal fuente de empleo en la zona.

Comunicado de los mineros:

Situación actual

Como consecuencia de la falta de reconocimiento por parte del Estado a la Minería como principal actividad económica del territorio, los mineros y mineras de nuestro municipio son tratados desde la informalidad y la ilegalidad siendo señalados, estigmatizados y procesados como delincuentes.

La legalidad ha sido cuestión de poder y ha desencadenado problemáticas políticas, económicas y sociales para el territorio y sus pobladores considerando que:

1. La voluntad política y administrativa del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal ha sido nula a favor del Minero Anoriseño, no han sido garantes de desarrollo para la población a través de políticas que acojan a todos los mineros y mineras en sus diferentes modalidades de extracción, puesto que no cuentan con espacios concertados para la implementación de nuevas técnicas mineras limpias y amigables con el medio ambiente, planes para la formalización, planes de mitigación y estudio de la reglamentación que rige la actividad minera de cara a que pueda cumplirse teniendo en cuenta las condiciones actuales. Por el contrario, la respuesta institucional ha sido la arremetida militar en el territorio para la quema de maquinaria amarilla, entables y judicialización de mineros y mineras, vulnerando los derechos de las comunidades y de los ciudadanos al trabajo, al trato respetuoso y digno, a la soberanía de los pueblos en el manejo de su territorio con presencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

2. El Gobierno Local no reconoce la actividad minera como la principal actividad económica del municipio y de allí las vulneraciones que se dan, negando la identidad del territorio que atraviesa patrones culturales y ancestrales tal como se cita en los primeros párrafos de este manifiesto. En la medida que la Administración Municipal determine que la principal economía de este municipio es la ganadería, no se abrirán espacios políticos y administrativos para darle debido tratamiento a la actividad minera que propenda por favorecer a las comunidades, protegiendo los recursos naturales de la extracción a gran escala en manos de trasnacionales y multinacionales.

3. Desde la Administración Municipal, se han pactado treguas entre los mineros y mineras del territorio para frenar la quema de retroexcavadoras y la destrucción de entables mineros pero estos han fracaso, puesto que el interés del Gobierno a través del Código Minero, se ha enfocado en acabar con la actividad minera informal y abrir el territorio a las multinacionales como Mineros S.A y sus filiales como Royal Road. Actualmente se instaló una Mesa de Bosques en el municipio, donde Intercolombia, Mineros S.A., Corantioquia, PNUD y otras instituciones participan de manera protagónica y aunque como organizaciones sociales también tenemos voz dentro del espacio, es notable la propuesta central que convocó a esta mesa: un Distrito de Manejo Integrado – DMI. Pese a que en dicha Mesa han participado agremiaciones mineras, como mineros y mineras informales no nos encontramos recogidos en sus propuestas.

Hace 2 semanas en la zona dos Bocas se realizan operativos militares para la quema de maquinaria donde se ve la comunidad perjudicada y de forma simultánea como cortina de humo desarrollan reuniones de la Mesa de Bosques, avanzan en la culminación del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, organizan ferias de servicios y celebran pactos por la reconciliación. Aunque por

años las organizaciones sociales hemos propuesto figuras como las Zonas de Reserva Campesinas y otras formas comunitarias y populares de controlar el crecimiento rural, están no han hecho eco suficiente para ser escuchadas con anterioridad y sí por el contrario, la Administración unicipal se encuentra ajustando la etapa final para aprobación del EOT, que por derecho deber ir en sincronía con el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, el cual se construyó teniendo el Plan de Vida Campesino Anorí Dos Bocas – La Plancha como insumo principal. Como mineros y mineras, y organizaciones sociales, vemos con desesperanza la construcción de este EOT a puertas cerradas y que solo vayan a socializar la propuesta después de construida, sin espacios totalmente participativos, e incluyentes, que no solo recojan la voz de las instituciones, sino también de las organizaciones sociales campesinas, indígenas y afrodescendientes, y los ciudadanos de a pie que habitan este territorio.

4. Históricamente la Administración Municipal no ha construido un Plan Socioeconómico que recoja y reconozca a los campesinos, lo que ha desencadenado que los pobladores se vean obligados a resolver el sustento para sus familias transitando entre la minería informal y el cultivo de coca; ambas actividades perseguidas por el Estado de manera arbitraria, ocasionando su desaparición forzosa a través de la intervención con fuerza pública, sin ninguna alternativa para resolver de forma inmediata la transición hacia economías lícitas.

Los mineros y mineras del municipio de Anorí, le exigimos a la Administración Municipal, Departamental y Nacional, ordenar al Ejercitó Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación frenar todo acto de violencia en contra de los entables y maquinaria amarilla hasta tanto no se instale una Mesa de dialogó para la concertación y las garantías jurídicas de los mineros y mineras. Urge escuchar el llamado del pueblo minero ya que las comunidades están siendo afectadas por estos operativos, así como el medio ambiente a raíz de la quema masiva de estas máquinas. La política debe ser consecuente con lo Pactado en el Acuerdo de Paz y la intervención militar y policial no son el medio para la solución a esta problemática, además si le sumamos a esto, la desinformación que se promueve a través de medios de comunicación señalando y estigmatizando a los pequeños y medianos mineros y a sus comunidades.

Tanto Veteros, Retreros, Dragueros, Chorreros, Levadoras, Barequeros y Chatarreros, exigimos que sea reconocido el municipio de Anorí como territorio minero y que sean las comunidades las que puedan construir de qué forma se puede intervenir el territorio para la extracción minera, velando por su identidad, el cuidado del medio ambiente y la permanencia de sus pobladores, prevaleciendo siempre la pequeña y mediana minería que garantice el fortalecimiento de la economía local, y no la entrada de trasnacionales y multinacionales que poco compromiso tienen con el territorio y toda su actividad es extractiva, dejando el territorio deforestado y en condiciones de pobreza extrema.

 

 

 

 

 

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